Oficialismo operó para postergar el estudio de los recortes en el Estado
La indefinición de las bancadas motivó que se postergara ayer en el Senado el proyecto que establece recortes salariales y medidas de racionalización del gasto público (ley Godoy). El oficialismo habría operado para evitar el tratamiento.
El proyecto de ley para recortar los gastos superfluos en el Estado fue incluido en el orden del día de la sesión de ayer en el Senado, pero no tenía el dictamen obligatorio de la comisión de Hacienda. El senador Sergio Godoy (ANR-HC), principal impulsor de la norma, planteó que el pleno se convirtiera en comisión para dictaminar pero no logró la mayoría necesaria para el efecto.
Godoy atribuyó que no haya habido votos suficientes al apuro y a la desatención de los legisladores al momento de su propuesta, aunque dijo que no podía descartar que algunos hayan actuado adrede para evitar un rápido tratamiento de la normativa.
El Senado debe definir si acepta las modificaciones que hizo al proyecto original la Cámara de Diputados, con lo cual la ley sería sancionada y remitida al Ejecutivo para su promulgación o si se ratifica en su propuesta original, lo cual haría que retorne a la Cámara Baja, que necesitará mayoría absoluta para reafirmarse en su postura.
Según las consultas realizadas con referentes de distintas bancadas, la mayoría en el Senado estaría con la postura de ratificarse en el texto original aprobado. Según trascendió, la bancada oficialista se reuniría con el presidente Mario Abdo Benítez para evaluar el camino a seguir. No se descarta que el Ejecutivo vete total o parcialmente la normativa.
Una de las modificaciones polémicas realizadas en la Cámara de Diputados fue la exclusión de los funcionarios de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, de la obligación de que ningún funcionario público podrá percibir más que el presidente de la República (G. 37 millones). También descartaron de esa disposición a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En cuanto a los funcionarios de las binacionales, el principal argumento fue que no se puede modificar a través de una ley algo que fue acordado como parte de un acuerdo internacional y que está incluido en los estatutos de esas entidades. Los diputados también eliminaron la limitación de solo dos viajes anuales al exterior que pueden hacer los funcionarios públicos.