Sin metrobús, pero el pueblo debe pagar más de US$ 72 millones.
El fraudulento proyecto Metrobús, impulsado por el MOPC durante el gobierno de Horacio Cartes, siendo titular de esa cartera el economista Ramón Jiménez Gaona, constituye una colosal estafa por partida doble: a las arcas del Estado, por un lado, y a la confianza del Pueblo paraguayo en la gestión del Gobierno, por el otro. La gran ironía es que si bien en la actualidad no quedan ya ni escombros del adefesio vial implantado a lo largo de la ruta Mariscal Estigarribia por la empresa contratista portuguesa Mota Engil, la ciudadanía contribuyente tiene que cargar sobre sus espaldas una deuda de US$ 72,7 millones por una obra pública que ahora solo existe en la memoria de la gente. Estamos así ante un flagrante delito de lesión de confianza en perjuicio del Estado. Y lo que es peor, sin que hasta ahora haya sido individualizado un solo delincuente, pese a los 18 meses transcurridos desde que la Contraloría General de la República inició la correspondiente auditoría de gestión para individualizar a los responsables del delito.
El fraudulento proyecto Metrobús, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el gobierno de Horacio Cartes, siendo titular de esa cartera el economista Ramón Jiménez Gaona, constituye una colosal estafa por partida doble: a las arcas públicas, por un lado, y a la confianza del Pueblo paraguayo en la gestión del Gobierno, por el otro. La gran ironía es que aunque en la actualidad no quedan ya ni escombros del adefesio vial implantado a lo largo de la ruta Mariscal Estigarribia por la empresa contratista portuguesa Mota Engil, la ciudadanía contribuyente tiene que cargar sobre sus espaldas una deuda de US$ 72,7 millones por una obra pública que ahora solo existe en la memoria de la gente.
Estamos así ante un flagrante delito de lesión de confianza en perjuicio del Estado. Y lo que es peor aún, sin que hasta ahora haya sido individualizado un solo delincuente, pese a los 18 meses transcurridos desde que la Contraloría General de la República inició la correspondiente auditoría de gestión para individualizar a los responsables del ilícito.
Ante tan llamativa demora, el pasado 1 de junio, la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso creada para investigar este fiasco, presidida por el diputado Ramón Romero Roa (ANR, abdista), convocó al contralor general y al procurador general de la República, urgiéndoles el finiquito del correspondiente informe al respecto. Al día siguiente, el contralor general remitió al MOPC un cuestionario con 91 observaciones para su descargo, la mayoría de ellas pasibles de ser consideradas como hechos punibles y que por consiguiente deberían ser remitidas al Ministerio Público. El mismo cuestionario fue también remitido al exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona a igual efecto; quien a la fecha ya lo respondió.
Como si no hubiera pasado ya suficiente tiempo desde que se destapó el fiasco, cumplido el plazo de 10 días corridos impuesto por el contralor general, Camilo Benítez, el 19 de los corrientes el ministro Arnoldo Wiens solicitó prórroga, argumentando la gran cantidad de puntos a responder, y el pasado miércoles 24 acercó sus respuestas al contralor. Así las cosas, recién en el próximo mes de julio se tendría finiquitado el documento a ser remitido a la Fiscalía, luego de revisar las respuestas dadas al cuestionario por las autoridades del MOPC.
Con idas y vueltas, pasándose la “pelota tatá” entre el MOPC, la Procuraduría General y la Contraloría, y devuelta de forma recurrente por los mismos andariveles institucionales, la Comisión Bicameral de Investigación del fato viene también perdiendo credibilidad por su demora en finiquitar la pesquisa, de la misma forma como ocurrió con la que se formó para investigar la furtiva firma del Acta Bilateral sobre Itaipú en Brasilia el 24 de mayo de 2019, la que a la postre fracasó en su cometido al declararse incapaz de identificar a los responsables de esa traición a los intereses nacionales.
No sería sorprendente, por tanto, que la Comisión Bicameral presidida por el diputado Romero Roa vaya también a parar en un callejón sin salida. Debe recordarse además que poderes fácticos dispusieron recientemente la remoción del mencionado diputado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, lo que puede significar alguna señal ominosa de que sobre su cabeza pende una espada de Damocles para disuadirlo también de conducir a buen puerto la investigación del fatídico caso que involucra directamente al gobierno del expresidente de la República Horacio Cartes y a su exministro Jiménez Gaona.
El mayor peso de responsabilidad institucional recae ahora en el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, por no haber apurado en tiempo y forma una rápida auditoría para derivar sus conclusiones a la Procuraduría General de la República, y esta, por su parte, al Ministerio Público para llevar a los responsables ante los estrados judiciales. Tardó más de un año en finiquitar dicha auditoría de la fraudulenta gestión de los funcionarios de dicha cartera de Estado, pese a que la institución cuenta con más abogados que ingenieros y arquitectos.
A esta llamativa negligencia con tufo a encubrimiento, se suma la acomodaticia actitud que viene demostrando el ministro ante la vigorosa embestida de la fallida empresa contratista portuguesa Mota Engil contra el Estado paraguayo en instancias internacionales de resolución de conflictos comerciales. Igualmente indignante para la ciudadanía resulta el hecho de que, pese a la paralización de los trabajos por parte de la empresa contratista, el ministro Wiens decidió seguir pagando mensualmente por casi un año al consorcio fiscalizador Typsa sin que esta realizara tarea alguna objeto de su contratación. Su argumento fue que tenía un contrato por plazo determinado y que por tal razón se le debía pagar hasta completarlo, independientemente de que trabajara o no, cuando lo que correspondería era dar por finiquitado su servicio concomitantemente con la interrupción de los trabajos por parte de la constructora portuguesa.
Estos despropósitos disminuyen aún más la poca confianza que inspira la gestión del ministro Wiens al frente de la cartera de Estado con el mayor presupuesto de inversión, con obras viales de mala calidad de construcción y la endémica corrupción que al parecer sigue enquistada en
dicha cartera de Estado. La situación preocupa, sobre todo cuando el Gobierno tiene planeada la reactivación de la economía nacional doblando la inversión en obras públicas tras el paso de la pandemia del covid-19. En vista de las escandalosas contrataciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública en el marco de la pandemia, desbaratadas mediante denuncias de la ciudadanía y de la prensa, la opinión pública ya desconfía que cualquier proyecto de inversión que se realice, como la planeada por el MOPC, esté nuevamente concebido para replicar la arrebatiña por la plata del fisco, acostumbrada por la “patria contratista” que desde hace años opera en ese sector.
Demoras para seguir encubriendo el escándalo del metrobús no contribuyen precisamente a levantar la debilitada imagen, rayana a la complicidad con la corrupción, que viene proyectando el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, sino todo lo contrario.