Mesa entre Contraloría Tributación y Fiscalía sobre DD.JJ. de bienes

Sin distinción de colores, políticos de todos los partidos dejaron atrás los humildes orígenes de los que tanto se jactan gracias a remuneraciones que son pagadas por la ciudadanía. Varios cuestionados amasaron verdaderas fortunas desde su llegada a los cargos públicos.

Colorados, liberales y hasta representantes de partidos minoritarios consiguieron convertirse en verdaderos millonarios gracias a las remuneraciones que reciben del Estado y que son pagadas por toda la ciudadanía.

Así lo revelan las Declaraciones Juradas presentadas por autoridades entre 1998 y 2017 y que fueron publicadas por la Contraloría General de la República para dar cumplimiento a la histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia que determinó que estos documentos debían ser de libre acceso para la ciudadanía.

Humildes relatores deportivos o chiperos y lustrabotas hoy son potentados ganaderos o terranientes que causarían la envidia de empresarios inmobiliarios luego de su paso por cargos públicos.

En algunos casos, los políticos declararon la drástica devaluación de sus propiedades en apenas un mes. Es el caso del exintendente de San Lorenzo, el colorado cartista, Albino Ferrer, que entre noviembre y diciembre de 2015 reportó supuestas pérdidas por casi G. 1.000 millones.

Varios son los jefes comunales que experimentaron llamativo y exponencial crecimiento patrimonial desde su llegada a los cargos. Algunos de ellos son cuestionados por manejos de fondos del Fonacide y royalties, además de tener denuncias ante varias instancias.

Otro punto bastante llamativo y que se repite en los documentos de varios políticos son los préstamos que otorgaron a empresas de las que dicen ser dueños.

También resulta llamativo que muchos no declaran pagos de impuesto a la renta personal entre sus egresos anuales, aunque sí dicen pagar otros tributos.

Numerosas denuncias surgieron desde el pasado miércoles, día en el que se comenzaron a publicar los documentos, por supuesta evasión ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Hasta el momento, el Ministerio Público no comunicó la apertura de investigación alguna sobre estos documentos.