Humanamente imposible
Es imposible dejar de hacer comentarios sobre el “Tsunami” de las declaraciones juradas de bienes de las autoridades electas o no, que fueron divulgadas el miércoles pasado. Para nuestros lectores que de repente se encontraron con miles de millones en manos de unos pocos y no entendieron qué estaba pasando, permítanme decirles brevemente que se trata de una victoria ciudadana. Sí de ustedes, de nosotros, de todos. Tras la caída del dictador Alfredo Stroessner, el 2 y 3 de febrero de 1989, la sociedad civil se enfocó en otra batalla de una misma guerra: abrir las puertas y ventanas del país para poner fin al oscurantismo. La primera victoria ciudadana en estos tiempos de democracia ocurrió el 22 de diciembre de 1992, seis meses después de la Nueva Constitución, con el descubrimiento de los famosos “Archivos del Terror” en una sede policial en la ciudad de Lambaré. Cada página de esos documentos almacenaba evidencias irrefutables de crímenes de lesa humanidad. Con la democracia tuvimos significados avances en materia de libertades públicas pero se fortalecieron dos grandes enemigos: La Corrupción y la Impunidad. Hasta el momento no “inventamos” todavía la vacuna contra estas “pandemias” que azotan al Paraguay de la posdictadura. La transparencia es el mejor antídoto para frenar el apetito de los roedores del patrimonio público, que no terminan de saciarse. Apuntando a ese objetivo, el periodista Juan Carlos Lezcano y el abogado Ezequiel Santagada presentaron una acción ante la Justicia y luego de tres años de idas y vueltas la Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos electos o no. Y desde el miércoles 24 de junio de 2020, la Contraloría comenzó a subir los documentos, lo que provocó un verdadero “terremoto” en el país. Para muchos de nosotros seguramente no constituye ninguna sorpresa ver a ciertos personajes que aumentaron su patrimonio metiendo la mano en el bolsillo de la tesorería pública. De hecho, el lema oculto de sus campañas políticas fue justamente “asaltar” a los contribuyentes. Y lo cumplieron pero como no pueden ser sinceros electoralmente utilizaron la hipocresía para prometer el combate contra la corrupción, progreso, bienestar, modernidad, bla, bla, bla, a fin de “conquistar” a los afiliados fanáticos, “zoqueteros” y poco informados. A varios le resultó la técnica y lograron ubicarse bien. No obstante, hay datos espeluznantes que contribuyen a la gran cantidad de evidencias que confirman que la mejor industria sin chimenea en el Paraguay es la política... lamentablemente. Superan ampliamente a varones y mujeres de las universidades, de la academia, de la ciencia y de la decencia. La ciudadanía tiene ahora evidencias claras de cuan rico es el Paraguay y dónde va a parar el dinero que contribuimos sacrificadamente con el Estado. Para quienes no entendían o no querían aceptar “el mecanismo”, ahora deberán abrir los ojos para darse cuenta por qué no teníamos escuelas, centros de salud, caminos de todo tiempo, puentes, mejor nivel de vida, agua potable, alcantarillado sanitario, empleos, parques y tierras. Ahora le toca el turno al Ministerio Público y a la Justicia. Y aquí viene lo preocupante porque la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, reconoció que humanamente sería imposible investigar 3.000 declaraciones juradas sin un análisis previo de los bienes por parte de la Contraloría General porque necesitaría mil fiscales y solo tiene 350 en todo el país (ABC Color, Sábado 27 de junio de 2020, página 7). Le respondemos que humanamente los habitantes honestos de este país ya no podemos vivir así.