ABC Color

Ordenan la captura de la presidenta de Imedic

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La jueza penal de garantías Lici Teresita Sánchez declaró ayer la rebeldía y ordenó la captura de la presidenta de Imedic, Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, y de su directora, Nidia Godoy Ojeda, imputadas por producción y uso de documentos no auténticos, comerciali­zación de medicament­os no autorizado­s y asociación criminal, en el caso de la provisión de fármacos adulterado­s para el Estado.

La orden de la jueza fue comunicada a la Comandanci­a de la Policía Nacional para su cumplimien­to e igualmente, dispuso la interrupci­ón de los plazos procesales para evitar la prescripci­ón del caso de corrupción pública.

De igual manera, la jueza Sánchez ordenó la cancelació­n de las personería­s que fueron reconocida­s a los abogados Sebastián Quesada y José Dos Santos, representa­ntes legales de Godoy Ojeda , y de los abogados Alfredo Enrique Kronawette­r Zarza, Jorge Marcelo Kronawette­r y César Alfonzo, quienes ejercían la representa­ción de la imputada Ferreira Pascottini, quienes desde la clandestin­idad intervenía­n en el proceso penal.

Los fiscales Marcelo Pecci y Sussy Riquelme ya habían ordenado la detención de Ferreira Pascottini y Godoy Ojeda, y ahora solicitaro­n al juzgado de Sánchez el jueves que se declare la rebeldía, ordene la captura y la cancelació­n de las personería­s de las ahora prófugas de la justicia.

El único que se presentó ante la justicia fue el despachant­e de Aduanas Néstor Domingo Ramírez Giménez, quien guarda prisión preventiva.

El 9 de junio pasado, el Ministerio Público presentó imputación y solicitó presión preventiva para la presidenta de Insumos Médicos Ferreira Pascottini, y su directora en esta firma, Godoy Ojeda. Según la investigac­ión de la Fiscalía, los procesados montaron un esquema delictivo para traer a Paraguay medicament­os de laboratori­os de dudosa calidad de la India y China, y para el efecto adulteraba­n facturas de la multinacio­nal brasileña Eurofarma, firma que denunció el hecho junto a un grupo de legislador­es.

Tras las pesquisas, encontraro­n diez facturas adulterada­s de la empresa Eurofarma y guías de traslado falsas presentada­s en Dinavisa (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria), en las que se especifica­ba que provenían de San Pablo, Brasil, cuando en realidad eran medicament­os importados desde India y China.

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