Diputado Ulises Quintana seguirá preso en la cárcel de Viñas Cue
El diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete) seguirá preso. Así lo resolvió ayer la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo, al rechazar un recurso de revisión de medidas cautelares planteada por el defensor Óscar Latorre.
En una audiencia en la que el legislador, acusado por lavado de dinero y asociación criminal, participó a través de medios telemáticos, desde la prisión militar de Viñas Cue, la defensa insistió en que el mismo debía recuperar su libertad o como mínimo, acceder al arresto domiciliario o una medida menos gravosa.
Para el efecto, la defensa ofreció la fianza de dos inmuebles, uno de los cuales –ubicado en Ciudad del Este– está valuado en unos G. 3.000 millones, además de la fianza personal de varios abogados.
Por otro lado, el abogado Óscar Germán Latorre destacó que la investigación ya está concluida y por lo tanto, no existe peligro de obstrucción a la misma. Asimismo, cuestionó el relato de la conducta desplegada por su defendido según la acusación fiscal, al sostener que el mismo no integra una organización criminal como afirma el Ministerio Público.
Fiscala se opuso
La fiscala antidrogas Lorena Ledesma sostuvo que no se dan las condiciones para la concesión de medidas, pues a su criterio sigue latente el peligro de obstrucción a la investigación.
En ese sentido, la representante del Ministerio Público destacó que el propio Tribunal de Apelación, 1° sala, sostuvo que la investidura del acusado representa
una alta expectativa de obstrucción a la investigación.
“Este juzgado estima que los presupuestos de la normativa legal referida persisten y son susceptibles de ser vulnerados por el procesado Ulises Rolando Quintana Maldonado, en razón a que el alcance de la disposición legal no solo hace referencia a la investigación fiscal sino que dichos presupuestos pueden ser considerados hasta la conclusión del juicio, conforme lo que dispone la última parte de la mencionada disposición, más aún teniendo en cuenta la calidad de legislador del procesado y que varias de las personas sometidas a proceso son funcionarios públicos (...), explica la jueza.
“...así como otras personas imputadas las cuales, según la hipótesis fiscal tuvieron intervención como consecuencia de un pedido del mismo, quienes a la fecha se encuentra en estado de rebeldía, un elemento no menor que debe ser analizado y fundamentado a fin de evitar
que una causa tan compleja no pueda alcanzar el fin del proceso penal, cuál es la búsqueda
de la verdad, siendo estos motivos suficientes que sirven para seguir sosteniendo
la existencia del peligro de obstrucción”, agregó la magistrada.