Paraguay marcha nuevamente hacia la lista gris.

Paraguay sigue corriendo el más grave riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), admitió en la semana que se va Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Lo más cruel es que los motivos ya no son falta de leyes o marcos teóricos para combatir el dinero sucio, sino la complicidad y la falta de agallas de fiscales para investigar y de jueces para castigar. Las señales que está dando el sistema paraguayo son alarmantes y preanuncian que se camina inexorablemente hacia una nueva sanción internacional por falta de una Justicia efectiva ante graves delitos como lavado de dinero, evasión impositiva y lesión patrimonial. Si esto llegara a ocurrir, la ciudadanía paraguaya no debe quedar callada, sino exigir castigo para las autoridades involucradas.

Paraguay sigue corriendo el más grave riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), admitió en la semana que se va Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Lo más ruin es que los motivos ya no son falta de leyes o marcos teóricos para combatir al dinero sucio, sino la complicidad y la falta de agallas de fiscales para investigar y de jueces para castigar. Si como muestra bastara un botón, la semana judicial se cerró con el sobreseimiento definitivo de la exintendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod de Zacarías Irún, cónyuge de Javier Zacarías Irún, ambos investigados por la Justicia por inconsistencias en el origen de su fortuna y supuesta lesión de confianza en la Municipalidad esteña.

Las señales que está dando el sistema paraguayo son alarmantes y preanuncian que se camina inexorablemente hacia una nueva sanción internacional por falta de una Justicia efectiva ante graves delitos como lavado de dinero, evasión impositiva y lesión patrimonial. A mediados de enero del 2019 hubo una inédita sesión del Foro Parlamentario de Seguridad e Inteligencia en Paraguay. El evento trajo por primera vez al país al mismísimo presidente del temido GAFI,

Marshal Billingslea, subsecretario de Financiación del Terrorismo en el departamento del Tesoro de EE.UU.

El más contundente en esa ocasión fue el argentino

Mariano Federici, quien sin ambages ni medias tintas dijo que ya no era suficiente que Paraguay hiciera maravillosos enunciados y afirmaciones grandilocuentes, sino que debía demostrar efectividad en la normativa legal y en sus instituciones de lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción. “Hoy, lo que el evaluador va a mirar es qué tan eficaces han sido en la implementación de esas leyes, en el funcionamiento de esas instituciones”, dijo el experto.

Impávidos y con cara de póker oyeron aquello y en primera fila las principales autoridades de los tres poderes del Estado y los más destacados fiscales paraguayos que fueron invitados a asistir. Ha pasado más de un año y seis meses de aquella advertencia y la Justicia sigue tan ausente como esquiva y desvergonzadamente ciega para castigar delitos financieros. Si en medio del crítico escenario económico actual que atraviesa nuestro país se retornara a la oprobiosa lista gris, el hecho sería una profunda estocada al sistema financiero.

Paraguay ya ha estado en esa lista desde el 2008 hasta febrero del 2012. Un lapidario informe del Fondo Monetario Internacional y del Gafisud (actual Gafilat, ala latinoamericana de GAFI), nos calificó en ese entonces como una jurisdicción riesgosa para el sistema financiero internacional y exigía un plan de acción para solucionar deficiencias.

La lista gris de la vergüenza de GAFI no solo es humillante como “condecoración”, sino tremendamente perjudicial y peligroso para las finanzas. Es ver desplomarse la credibilidad financiera del país, lo que conlleva hasta al cierre de corresponsalías locales del sistema bancario internacional. Es el “informconf” de las finanzas globales; es la falta de fiabilidad de un país para ser tomado en serio y ser considerado sin riesgos.

De nada ha servido la docena de paquetes de leyes aprobada por el Congreso para combatir el lavado del dinero sucio proveniente de crímenes como el narcotráfico, el contrabando, las falsificaciones, el tráfico de seres humanos, la corrupción o las evasiones impositivas. Esos flagelos gozan de buena salud con la complicidad de fiscales y jueces venales que no le hacen asco a la hora de sobreseer a muchos de los investigados. Hemos llegado al extremo de que ha sido un Gobierno extranjero, el de los Estados Unidos, el que ha calificado con nombres y apellidos al exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher y al ex fiscal general de la República Javier Díaz Verón como “significativamente corruptos”, mientras les retiraba la visa de por vida.

El 21 de junio del año pasado, Paraguay tuvo el preanuncio más emblemático de lo que nos puede pasar ante la falta de acciones contra el lavado de dinero. Ese día, Panamá volvió a la lista gris de GAFI por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo pese a haber cumplido con 35 de las 40 recomendaciones. El hecho fue demoledor para el sistema financiero panameño: inmediatamente perdieron más de 70 corresponsalías bancarias internacionales, confirmaba la ministra de Economía y Finanzas panameña, mientras el superintendente de Bancos admitía que se podían encarecer los costos de fondos por el riesgo país.

Uno de los que debe tomar más seriamente la lista gris de GAFI es el actual ministro de Hacienda, Benigno López .El hermano del presidente Mario Abdo Benítez conoce de cerca las consecuencias de ingresar al vergonzoso catálogo porque fue presidente de Gafisud hasta diciembre del 2011, y era miembro del directorio del Banco Central cuando en el 2012 levantaron la sanción al Paraguay. Si llegáramos a quedar atrapados por la temible lista gris, no será la fiscala general del Estado la que afrontará el costo político de las malas investigaciones fiscales, ni serán los miembros de la Corte Suprema de Justicia que no han castigado a los jueces complacientes. De seguro, una vez más mirarán a otro costado sin asumir las consecuencias de sus actos ni pagar un precio por sus inacciones o complicidades. Si esto llegara a ocurrir, la ciudadanía paraguaya no debe quedar callada, sino exigir castigos para todos los poderes del Estado involucrados, para las autoridades pasadas y presentes, para los actores y actrices privilegiados del lavado de activos en Paraguay. Las declaraciones juradas que salieron a la luz son el catálogo más desvergonzado y la prueba más ignominiosa de cómo el dinero sucio sigue financiando todo en Paraguay y allende nuestras fronteras.