Sobreseimientos para el clan ZI
El 22 de junio último, la jueza Cinthia Garcete Urunaga blanqueó al matrimonio cartista Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod en el caso Frontera Producciones, donde ambos desviaron G. 2.488 millones de la Comuna para pagar campañas proselitistas, como la de Santiago Peña, y pagar a periodistas.
La decisión fue duramente cuestionada por la Fiscalía, por la ciudadanía y hasta por otros legisladores.
Los fiscales del caso sostuvieron que la jueza se extralimitó en sus funciones al valorar pruebas ofrecidas, una atribución que corresponde exclusivamente al Tribunal de Sentencia.
Además, no se tuvieron en cuenta numerosos testimonios y evidencias presentados por los agentes fiscales que tuvieron que llevar adelante la causa mientras se analizaban las chicanas.
Llamativamente, la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, demoró en exceso para confirmar a la fiscal original del caso, Josefina Aghemo, quien había sido recusada por la defensa del clan ZI.
La misma jueza desvinculó a ambos de una segunda imputación por el desvío de G. 1.211 millones de la Municipalidad, también para propaganda política. En este último caso, McLeod obtuvo sobreseimiento provisional, mientras que el senador tuvo sobreseimiento definitivo en los dos casos.
El sistema judicial sigue favoreciendo la impunidad de políticos salpicados por escandalosos casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y hasta lavado de dinero.
Todo esto se da precisamente en los meses previos a que el Paraguay sea sometido a un examen por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Precisamente la efectividad de los procesos judiciales para castigar a quienes están salpicados por casos así forman parte de los ítems que analiza el organismo intergubernamental.
Una evaluación negativa podría enviar a Paraguay nuevamente a la lista gris de países con bajo control para la lucha contra el blanqueo de activos, lo que significaría reducción para la capacidad de adquirir préstamos internacionales, emisión de bonos y hasta para competir en mercados del extranjero.
El caso más reciente de blanqueo fue el del clan Zacarías Irún, que consiguió llamativos sobreseimientos con apenas semanas de diferencia. Pero es apenas un caso más de los varios que han causado indignación en la ciudadanía.
Hasta ahora, por ejemplo, la justicia paraguaya no ha investigado del todo los contactos políticos y económicos de Darío Messer en nuestro país, a pesar de que la Fiscalía del Brasil apunta a que el empresario fue favorecido hasta por el mismísimo expresidente de la República Horacio Cartes, quien lo calificaba como su “hermano del alma”.
Tampoco se supo nada más de los vínculos de los amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, con el supuesto blanqueo de activos de grupos señalados como terroristas por Estados Unidos.
El caso del clan González Daher y los G. 8 billones que movieron irregularmente también sigue pendiente. Y la lista suma y sigue.
En junio pasado, Paraguay ocupó uno de los últimos lugares del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020.
“Algunos de los problemas de Paraguay son bien conocidos. La magnitud de su economía ilícita –incluyendo contrabando, narcotráfico y lavado de dinero– plantea un desafío único para fortalecer sus instituciones en la lucha contra la corrupción”, dice el informe.