Quieren apretar clavijas a los contribuyentes en plena crisis
Para volver en forma gradual al tope de 1,5% del PIB de déficit fiscal, el plan de recuperación del Ministerio de Hacienda prevé la revisión de las exoneraciones tributarias y racionalizar el gasto público.
La cartera fiscal insistió el ultimo fin de semana en que con el plan de recuperación económica, denominado “¨Ñapu’ã Paraguay”, buscarán implementar “medidas fiscales necesarias para la convergencia gradual a resultados fiscales sostenibles”.
Este año el déficit fiscal se situará en 7,2% del PIB, lo que implica US$ 2.617,2 millones, la más alta en los últimos tiempos debido al masivo endeudamiento del país para financiar obras, enfrentar el coronavirus y mantener la burocracia estatal en funcionamiento.
Entretanto, la deuda alcanzará al final del ejercicio US$ 12.553 millones, lo que implica 34,5% del PIB, sobrepasando ya el tope del 30% considerado en su momento como razonable por economistas locales y organismos financieros internacionales.
Medidas fiscales
Hacienda señala, en el informe que presentó ante la
prensa, que para controlar la deuda y reducir el déficit aplicarán medidas por el lado de los ingresos tributarios y por el lado de los gastos.
En cuanto a los ingresos, se menciona la revisión de leyes que conceden exoneraciones impositivas como la ley 60/90, de fomento de las inversiones; el régimen de zonas francas, el régimen de industrias maquiladoras, el régimen de la política automotriz y el régimen de materias primas.
La idea de la administración fiscal, aunque no lo dice el informe oficial, se presume sería limitar las exoneracio- nes tributarias para recaudar más junto con las modifi- caciones que entrarán el pró- ximo año en vigencia con la nueva ley impositiva.
En cuanto al gasto, las medidas buscan establecer un tope a la deuda pública (no menciona el monto), la contención del gasto corriente primario (0%), la eliminación de las superposiciones de funciones y la reestructuración del Poder Ejecutivo.
Además, limitación de aumentos salariales, pero no habla de congelar como proponen economistas locales; prohibición de aumentos de cargos permanentes y contratados, revisión y eliminación de gastos innecesarios y el rediseño del proceso de compras públicas.
La reducción del gasto sigue siendo una promesa de larga data de los gobiernos de turno, inclusive el año pasado habían conformado comisiones con el sector privado, pero sus recomendaciones no se implementaron, como por ejemplo el mejoramiento de las compras públicas para ahorrar recursos, que ahora vuelve a aparecer como una medida a ser establecida.
Sobre el tope de la deuda pública, el ministro de Hacienda, Benigno López, había señalado que rondaría el 35%, un nivel en el cual cerraría ya este ejercicio y difícilmente el próximo año no se emitan bonos para “bicicletear” los vencimientos.
El viceministro de Economía, Humberto Colmán, declaró en su momento que el nivel tolerable financieramente estaría en torno al 39,2% del PIB (US$ 14.249,2 millones).