El MUVH vuelve a comprar tierras, práctica que antes estaba prohibida
El ministro de Urbanismo, Dany Durand, permitió que de nuevo se adquieran tierras para construir viviendas sociales, práctica que fue eliminada ante las sospechas de corrupción en el uso de recursos del Estado.
El ministro Dany Durand dispuso el desembolso de recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavis) para la construcción de 150 viviendas en Pilar, departamento de Ñeembucú, sin que haya una garantía de la compra efectiva del terreno en la cual se van a construir, conforme se aprecia en la Resolución N° 356 del 16 de abril último. El terreno, cuyo propietario no se menciona, cuesta G. 900 millones, según documentos filtrados de la cartera estatal.
De esta manera se confirma que el Gobierno de Mario Abdo Benítez volvió a viejas prácticas que fueron eliminadas en la administración anterior, a cargo de Soledad Núñez, que es la de adquirir tierras para la construcción de viviendas sociales. Esta posibilidad se había prohibido por considerarse que se presta a maniobras sospechosas, como sobrevaloración de terrenos o ubicaciones poco favorables, además de que se podría optimizar los recursos regularizando tierras estatales o municipales, conforme con fuentes consultadas.
Los trámites de compra de tierras se suma a las gestiones
que realizan las organizaciones de Servicio de Asistencia Técnica (SAT), quienes reciben las transferencias de recursos públicos y contratan a las constructoras para las edificaciones sin que exista un control ciudadano tal como es posible hacerlo con la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.
La ejecución del Fonavis es duramente cuestionada por diversos gremios, tales como la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons), por la falta de transparencia en sus procesos y la imposibilidad de que exista una libre participación como se registra en las licitaciones públicas.
¿Precios inflados?
Durand prometió construir 6.000 viviendas con los US$ 40 millones del plan de reactivación económica si el Congreso aprueba el uso de estos recursos. Teniendo en cuenta que cada una cuesta G. 7 millones más que hace dos años, implicaría una demanda de G. 42.000 millones más, sin que hayan indicadores macroneconómicos
que lo justifiquen.
Durand sigue sin explicar la estructura de costos de las casas, pese a las reiteradas solicitudes.
Ante la Cámara Alta, el ministro trató de justificar el aumento de los precios de las viviendas, culpando al aumento de la cotización del dólar y el ajuste del salario mínimo, omitiendo que él mismo firmó en diciembre del 2018 una resolución que permite sumar G. 10 millones al precio de las viviendas sociales con la excusa de realizar, “cuando se requieran”, obras cloacales. Al parecer se convirtió en el nuevo tope de precio de las viviendas, según fuentes.