Desalojan a manifestantes en Concepción
CONCEPCIÓN (Aldo Rojas Cardozo, corresponsal). En la madrugada de ayer, algunos manifestantes que estaban apostados en el predio de la Municipalidad de Concepción y que reclamaban la intervención de la comuna fueron desalojados por la Policía Nacional.
Asesores legales de la Comuna plantearon un amparo que finalmente fue aceptado por la jueza de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Concepción Laura Villalba Cardozo.
Los manifestantes habían llegado hasta el palacete municipal de Concepción en la madrugada del lunes, donde tres mujeres se habían encadenado a una de las puertas, con el objetivo de exigir la intervención de la administración del intendente Alejandro Urbieta (PLRA).
Esto evitó que los funcionarios de la
Comuna pudieran ingresar a las oficinas en el horario habitual, y recién a las 09:00 lo hicieron tras abrirse otro de los accesos.
Los abogados de la municipalidad promovieron un amparo judicial de urgencia porque los manifestantes impedían el libre acceso al edificio de la institución.
El planteamiento fue aceptado por la jueza Villalba, quien ordenó a la policía realizar el despeje del acceso bloqueado por los manifestantes.
Agentes antidisturbios y de Prevención y Seguridad que estaban en el lugar desde el lunes fueron los responsables de hacer cumplir la orden judicial.
Los manifestantes indicaron que sus pertenecías fueron llevadas hasta la vereda de un local comercial ubicado frente a la municipalidad.
Permanecieron en el lugar hasta cerca de las 08:00 cuando volvieron a ingresar al predio de la Comuna, pero esta vez sin bloquear el acceso al antiguo edificio ubicado en el barrio Centro de la ciudad de Concepción.
Los manifestantes anunciaron que no dejaron de exigir la intervención de la administración municipal de Urbieta. La sede municipal quedó bajo custodia de agentes policiales.
Desde el 14 de enero de este año, se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados el pedido de intervención que fue remitido por el Ministerio del Interior. Los concejales municipales remitieron siete argumentos para el pedido de intervención y mencionan que son graves los indicios de la comisión de delitos, además de la falta de idoneidad para el cargo y prueba de mal desempeño de funciones.