Ley de emergencia sirvió para salarios
Los fondos provenientes de préstamos y emisión de bonos autorizados por la Ley de Emergencia Sanitaria para enfrentar el covid-19, fortalecer el sistema de salud y mitigar sus efectos en la economía, se ejecutaron en los últimos cuatro meses en un 54,8%, de acuerdo con la segunda rendición de cuentas presentada ayer por el Gobierno en la sede del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).
El informe oficial señala que de los US$ 1.600 millones autorizados por la Ley de Emergencia Sanitaria ya fueron asignados o transferidos a las entidades US$ 1.338 millones, pero en lo que va del año se utilizaron efectivamente US$ 877 millones, lo que implica una ejecución del 54,8% del monto total (ver infografía).
El remanente de recursos asciende a US$ 723 millones (ejecutado versus monto total autorizado), que según explicó el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Óscar Llamosas, serán utilizados en los diversos programas establecidos, tanto por el Ministerio de Salud (parte del cual ya está en proceso de licitación) como de las otras entidades, incluyendo el programa Pytyvõ 2.0 y la prórroga de las exoneraciones por servicios básicos de ANDE y Essap.
Salarios en un 100%
La mayor ejecución de los fondos de emergencia se da en los programas destinados a cubrir el funcionamiento del Estado y los servicios sociales, lo que implica financiar gastos corrientes con deudas.
En el referido concepto se autorizó un monto total de US$ 534 millones, se asignaron hasta ahora US$ 530 millones y se ejecutaron US$ 505 millones, lo que implica una ejecución del 94,5%. Por ejemplo, este paquete incluye US$ 300 millones para cubrir salarios públicos que se utilizaron en su totalidad y US$ 79 millones para el programa adultos mayores y Tekoporã.
Además, US$ 51 millones fueron para cubrir el déficit de la Caja Fiscal, que normalmente se cubre con recursos tributarios porque la entidad viene desde hace años registrando saldo rojo porque el aporte de los activos no alcanza para cubrir el beneficio de los más de 64.000 jubilados.
Hacienda también utilizó US$ 74 millones para el pago de los vencimientos de la deuda pública contraída con organismos financieros internacionales y tenedores de bonos, atendiendo que el fisco no logró recaudar para hacer frente a estos compromisos, entre otros.
Otros fondos
Llamosas también mencionó que a través de la Ley de Emergencia Sanitaria también se aprobó un paquete de préstamo que ya estaba en estudio en el Congreso antes de la pandemia del coronavirus, uno de ellos del Banco Mundial por US$ 200 millones.
Dijo que por decisión del Ejecutivo fue destinado a reforzar la atención a los sectores, principalmente, de mipymes para disponibilizar recursos para capital operativo u otro tipo de gastos mientras dure la pandemia.
De acuerdo con el informe de rendición de cuentas, US$ 100 millones fueron destinados al Fogapy, que tiene asignados US$ 391 millones ante una posible siniestralidad mayor, de esto se ejecutaron garantías por US$ 193 millones (49%) y los créditos garantizados fueron por US$ 267 millones.
En tanto, el otro US$ 100 millones del mencionado crédito del Banco Mundial se asignaron para el fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y los créditos ya desembolsados llegan a US$ 28 millones.