Sancionan ley de policías comisionados
La comisión especial de intervención municipal integrada por cinco colorados, tres liberales y un diputado de la multibancada recomendó al pleno rechazar el pedido de intervención municipal de la Junta de Pedro Juan Caballero.
El diputado Sergio Rojas (PLRA, llanista) refutó cada una de las 22 causales de intervención municipal que fueron planteadas por la Junta Municipal. Detalló que, según los concejales, una auditoría especial de la Contraloría practicada en la municipalidad de Pedro Juan existe un desfalco de G. 4.000 millones.
Sin embargo, Rojas mencionó que Contraloría les informó que no se han observado indicios de hechos punibles. Alertó que se pretendía instrumentar a la Fiscalía
para que errores administrativos se conviertan en delitos y crímenes con finalidad política. Indicó que no se trata del único caso.
Acerca de la transferencias de recursos a una ONG denominada “Grupo Oñondivepa”, presidida por la esposa del intendente Kelly Mareco de Acevedo, Rojas dijo que no hay nada ilegal en ello y comparó el caso con los recursos que se destinan al despacho de la Primera Dama, entre otras causales.
El diputado Juan Acosta (ANR, Añetete) pidió sin éxito la intervención municipal de la comuna y señaló las causales de supuestas irregularidades. Mencionó que, por ejemplo, se adjudicaron licitaciones a la firma “Casa Chaco” para la provisión de alimentos a personas. Indicó que los dueños
La Cámara de Diputados en su sesión ordinaria de ayer aceptó las modificaciones del Senado y sancionó el proyecto de ley que regula la comisión del personal policial asignado a autoridades nacionales, organismos y entidades del Estado. Con la aplicación de la norma, 2.000 policías estarán a disposición de la Comandancia.
El diputado Basilio “Bachi” Núñez, uno de los autores del proyecto de ley, dijo que actualmente se tienen 25.000 policías activos, de los cuales 4.000 se encuentran comisionados. Cuestionó que existan instituciones que pese a tener presupuestada la contratación de guardias privados, llevan comisionados a policías.
Indicó que en la Cámara de Diputados no superan los 150 policías entre custodios y los que resguardan la institución. Añadió que el Senado se
de la empresa tienen vínculos familiares con el intendente y que su familia ya se enriqueció a través de las licitaciones por un total G. 6.502 millones. “Por la transparencia y la tranquilidad pido la intervención”, dijo el legislador oficialista.
En el mismo sentido, el diputado Miguel del Puerto (ANR, cartista) dijo que quedaron dudas con respecto a las denuncias que presentaron los concejales.
Por su parte, el diputado Robert Acevedo (PLRA), hermano del intendente mencionó que durante 14 años fue aprobada la ejecución presupuestaria y que la actual Junta Municipal que hoy pide la intervención también aprobó. Inclusive dijo que lo hizo el diputado Acosta, quien fue concejal municipal 2 años y medio encontraría en una situación similar. Afirmó que este es el momento en que la ciudadanía necesita protección con la pandemia, para el combate de la enfermedad evitando la aglomeración de las personas.
Por su parte, el diputado Sebastián García (PPQ) dijo que con la aplicación de la ley se logrará tener más policías en las calles y resguardar la seguridad de los ciudadanos sin distinciones. “Es importante trabajar en la prevención en un momento en que la inseguridad puede empeorar debido a la situación que toca vivir”, indicó.
Asimismo, dijo que con la norma se buscará reivindicar a los policías desde un punto de vista del rol protagónico para el cumplimiento de las medidas sanitarias.
La norma establece que el personal que integra el cuadro permanente de la antes de ocupar la banca de Diputados. “Extraña que con un llamativo cambio de parecer en plena época electoral cambien de parecer”, dijo el diputado.
Además, de colorados y liberales también el PPQ votó por el rechazo. Se dieron fugas de colorados a favor de la intervención. Sin embargo, la mayoría votó por el archivo.
Policía no podrá ser comisionado en ningún caso a aquellos organismos y entidades del Estado que ya cuentan con servicios de vigilancia contratados con empresas privadas para resguardo de edificios, inmuebles, oficinas públicas y otros de naturaleza similar. Se exceptúa la aplicación al Banco Central del Paraguay (BCP).
En caso de la comisión de personal que integra el cuadro permanente de la Policía, será autorizada por resolución fundada dentro del marco de la Ley Orgánica de la Policía y por resolución fundada del comandante de la Policía, a petición de los representantes de cualquiera de los tres Poderes del Estado, o de la máxima autoridad de otros organismos y entidades del Estado, para cobertura de seguridad de sus respectivas sedes o para resguardo de estas mismas autoridades.