Contraloría también revela aparentes hechos punibles en fallido metrobús
Con 88 observaciones y 415 páginas de escritos, la Contraloría General de la República (CGR) concluyó su segunda auditoría realizada al fallido plan de metrobús, donde se evidenciaron varios posibles hechos punibles, tales como pagos irregulares, obras mal ejecutadas y numerosas anomalías más.
Entre las principales conclusiones de la auditoría del ente contralor, a las que accedió nuestro diario ayer, se resalta que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desembolsó a la empresa Mota Engil hasta el certificado Nº 29 (de trabajos), unos US$ 29.000.000 por obras que, en partes considerables, no cumplen con las especificaciones técnicas del pliego de la licitación y cuya futura utilidad resultó incierta, inclusive para los actuales administradores del MOPC.
El documento agrega que la obra vial fracasada privó a los ciudadanos de los beneficios económicos que debió haberles dado la infraestructura (se estimaba en unos US$ 85 millones a octubre de 2019), además de la afectación a los usuarios y frentistas por el lucro cesante de sus comercios, desde el inicio de los trabajos hasta la rehabilitación del tránsito vehicular. “Esta situación se produjo porque no hubo un control efectivo de la estructura del MOPC (fiscalización y supervisión) sobre el cumplimiento de la documentación contractual por parte de la empresa constructora y por deficiencias en la planificación”, expresa.
Resalta que esto se evidencia en el cambio sustancial del diseño después de la firma del contrato con la constructora, con la introducción de la zanja técnica (para cableado subterráneo), que produjo un aumento del 35% del monto del contrato, además de las deficiencias en la planificación y la falta de liberación de la franja de dominio en considerables sectores.
En este sentido, agrega que hasta el certificado Nº 29 se produjeron “certificaciones”
y “pagos irregulares” a Mota Engil por G. 8.689.241.754, efectuados en concepto de ejecución de registros de inspección y electroductos de la “zanja técnica”, que no cumplían las especificaciones técnicas. Además, el MOPC avaló hasta el certificado Nº 30 cantidades de obras mayores a las realmente ejecutadas en el mencionado cableado subterráneo, por un monto total de G. 510.107.064.
Por otro lado, el informe indica un aumento en G. 9.425.088.318 del monto contractual en algunos ítems, incumpliendo la “modalidad del contrato” ya que los mismos se cotizaron por “suma global” (suma alzada) por exigencia del pliego, que derivó en una certificación de G. 2.132.901.108 por demás. Señala, asimismo, la falta de aplicación de multa de G. 14.550.000.000 en los certificados pagados, por incumplimiento de las metas parciales (retraso de Mota), estando habilitado el MOPC para hacerlo. Recién consideró dicha penalidad en la liquidación final, que está en controversia.
Al mismo tiempo, agrega que ambas administraciones del MOPC (del ministro Arnoldo Wiens y el ahora exministro Ramón Jiménez Gaona) certificaron por un total de G. 17.422.007.529, un sistema de desagüe pluvial que resultó deficiente y añade que además se gastó en consultorías que al final resultaron improductivas.
Igualmente, fueron generados gastos para la demolición de las obras realizadas y la “adecuación provisoria” del tramo afectado por la obra, realizados por la actual administración del MOPC.
Respecto a los trabajos de fiscalización realizados por el Consorcio Typsa – Incosa – Ingeneg SA y la supervisión del Ing. Eligio Pappalardo, refiere que certificaron ítems que no cumplían con las especificaciones técnicas e incluso en cantidades no ejecutadas. Además certificaron ítems de forma irregular y adelantada, incumpliendo con el contrato.
Ante los evidentes hechos punibles, los auditores dejaron constancia en su informe de que “las observaciones serán comunicadas a la Dirección de Auditoría Forense de la CGR, para su profundización e iniciación de las acciones que correspondan ante las instancias jurisdiccionales competentes”. Este departamento determinará los casos que podrán ser denunciados en Fiscalía. La CGR además envió varias recomendaciones al MOPC para que este tipo de contratos no se repita.