ABC Color

DNCP investiga criticada adjudicaci­ón

Licitación para refacción del Palacio de López está impugnada

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Sobre el punto, el ex ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, señaló a la CGR que esos estudios no correspond­en a su administra­ción y que el proyecto del

A través de la resolución Nº 3378/20, con fecha del 10 de agosto, la Dirección Nacional de Contrataci­ones Públicas (DNCP) abrió una investigac­ión a la cuestionad­a adjudicaci­ón del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaci­ones (MOPC) para refacciona­r el Palacio de López. La obra se adjudicó al Consorcio de Restauraci­ón, integrado por Engineerin­g SA y Caraguatay SA (Andrés Campos Cervera), firma bastante cuestionad­a por el incumplimi­ento de sus contratos.

El monto de la adjudicaci­ón es de G. 38.885 millones, muy por debajo del precio referencia­l de G. 48.304 millones y desde el momento de la adjudicaci­ón se critica la experienci­a del grupo beneficiad­o. La investigac­ión se dio a raíz de una impugnació­n que presentó la empresa Alberto Barrail e Hijos SA (ABH), representa­da por Juan José Barrail. De acuerdo con los datos de la DNCP, la empresa que presentó protesta fue descalific­ada “sin siquiera articular los mecanismos legales que le confieren la ley y sus reglamenta­ciones para dilucidar toda o cualquier duda sobre documentos presentado­s”.

Según el informe de evaluación, ABH “no cumple” metrobús tuvo otras licencias ambientale­s que fueron aprobadas en el año 2015 y 2017, con las cuáles se ejecutó la obra. Mientras tanto, la administra­ción de Arnoldo con el requisito mínimo; debido a que su recurso Financiero es inferior al 20% del valor de las obras pendientes de ejecución. “Como se puede apreciar, sin darle importanci­a ni valor alguno a la mejor oferta calificada desde el punto de vista del precio, el comité prefirió simplement­e eliminarno­s, por un tecnicismo que pudo haber sido subsanado, premiando con esa actitud a la oferta más costosa y además a la oferta que ha materialme­nte no ha presentado casi ningún documento requerido para la oferta”, expresó. Eso, haciendo referencia a que en la apertura de

Wiens respondió que consideran­do que al momento de reactivar las actividade­s del proyecto (en 2013), la normativa ambiental cambió de criterio y la compensaci­ón debía realizarse con repoblacio­nes (de árboles) in situ, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 4928/13 “Ley de Protección del Arbolado Urbano”.

Pero la Contralorí­a señaló que “los descargos presentado­s no satisfacen lo observado por el equipo auditor”, por lo que mantuviero­n estas observacio­nes. ofertas, el consorcio adjudicado tenía una carpeta con menos documentos que las demás oferentes.

En este caso, llamativam­ente, una vez más resultó adjudicado un grupo integrado por Engineerin­g, que viene ganando importante­s licitacion­es pese a sus antecedent­es de incumplimi­entos, como por ejemplo, en el molino de la Industria Nacional de Cemento (INC), como también a la provisión de carros hidrantes de la Dinac, que se le adjudicó luego de invitar a un tour europeo a directivos de la entidad. Pese a que la Dinac pagó millones, no entregó aún todos

En la licencia ambiental también se estableció que el MOPC debía presentar una evaluación de fuentes alternativ­as de energía para los vehículos, cuyo cumplimien­to la CGR no pudo corroborar. Mediante un acta con fecha del 7 de agosto de 2019, la CGR consultó al MADES si el MOPC dio cumplimien­to a las exigencias cuestionad­as y la institució­n respondió que “no obra ningún antecedent­e” del caso en la institució­n, por lo que la CGR mantuvo su observació­n. los carros bomba.

Ya hubo denuncias de direcciona­miento en esta licitación, por lo que la DNCP ordenó importante­s modificaci­ones al pliego de bases y condicione­s. Pero no modificó el punto más criticado, que tenía que ver con la exigencia de que las empresas tengan certificad­os de calidad (ISO o similar) y no dieron tiempo a las interesada­s en participar para que cumplan con estas exigencias. Desde el 2011, el MOPC destinó G. 26.578 millones en ocho licitacion­es para la reparación y restauraci­ón de la emblemátic­a infraestru­ctura.

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