Firma vinculada a político colorado, beneficiada con contratos del MUVH
El ministro de Urbanismo Dany Durand beneficia con millonarios contratos a la firma ACG Consultoría Integral, de un funcionario público pese a que su normativa lo prohíbe. En el equipo figura el político colorado Luis Willigs Torres. Se trata de una muestra del manejo discrecional del Fonavis.
El Servicio de Asistencia Técnica (SAT) “ACG Consultoría Integral”, representada por Federico Ariel Cabral Morínigo, registra ocho proyectos que le adjudicaron sin concurso bajo la administración de Dany Durand al frente del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Se trata de 330 viviendas sociales, cuyo aporte estatal como subsidios es de más de G. 23.155 mil millones (ver cuadro).
La firma se ubica entre las que más propuestas tienen autorizadas para desarrollar con el Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis). Así se comprobó tras un análisis de informes de la institución, en respuesta a la solicitud hecha por el portal de Acceso a la Información Pública, expediente N° 32.734.
Conforme con las averiguaciones hechas, Cabral es uno de los abogados con poder general otorgado por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap). La Dirección de Comunicación de la aguatera estatal confirmó que es un funcionario público, razón por la cual le está prohibido operar como SAT, según especifica en Art. 8° del reglamento. Sin embargo, no fue un impedimento para que Durand lo habilite mediante Resolución N° 1182 del 4 de julio del 2019.
Pero esta no sería la única irregularidad, ya que en su equipo figura Luis Fernando Willigs Torales como responsable del área técnica. Se trata de uno de los que fue autoridad de la seccional N° 10 “Dr. Gaspar Antoliano Garcete”, y fue vicecónsul en Guaíra (Brasil), conforme se constató en el archivo del Ministerio de Relaciones
Exteriores (MRE).
Se intentó contactar con algunos de los responsables de esa organización y se logró conversar con el padre de Federico, quien contestó en la línea baja de la empresa. Se comprometió a dar el mensaje, pero al momento del cierre de esta edición no hubo retorno de la llamada.
La violación de la normativa interna y la vinculación del político en el área técnica es solo una de las muestras de la discrecionalidad del manejo del Fonavis. Las designaciones se realizan sin control ciudadano y los recursos son transferidos sin licitación.
Críticas
El programa de viviendas sociales se rige por la Ley N° 3637, la cual da la facultad a organizaciones seleccionadas por el MUVH para que, a su vez, designen a las constructoras para edificar las viviendas. Todo este proceso se realiza “a dedo”, teniendo como norte “el criterio de confianza”.
El diseño no permite un acompañamiento y control ciudadano, de acceso libre, tal como se da como la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas. De hecho, a estos cuestionamientos el ministro respondió que se apega a lo que la ley establece, ignorando la necesidad de mayor transparencia.
Tampoco da posibilidad de libre participación o competencia, pese a que se trata de recursos públicos que, en su mayor parte, son obtenidos de la recaudación del IVA.
Esta situación se podría aclarar con un reglamento interno que apunte a una participación abierta y equitativa, además de facilitar los mecanismos de acceso a la información de forma fácil, ordenada y transparente.
En declaraciones anteriores, el ministro apuntó a los resultados obtenidos con la aplicación del programa, sin apertura del proceso. Las críticas apuntan al direccionamiento de la ejecución de las obras, ya que las mismas son transferencias directas del rubro 800 a organizaciones.
El desarrollo de la gestión de los programas no es posible conocer en el portal de su institución. Recientemente, habilitó un mapa de viviendas, con datos dispersos.
Reactivación económica
En los últimos días, diversos gremios de la construcción cuestionaron que el plan de reactivación económica del presidente Mario Abdo Benítez prevé como uno de los pilares la construcción de viviendas a cargo del MUVH. El Gobierno destinaría a este concepto US$ 40 millones, que en su totalidad serían ejecutados con el esquema del Fonavis.
Por este motivo, piden que las obras sean licitadas.
El ministro Dany Durand había prometido ante el Congreso que con ese dinero se edificarán 6.000 viviendas con el Fonavis, sería de forma rápida y partirá de su plan de déficit habitacional, la cual se basa en la cantidad de solicitudes planteadas durante el período de recepción, es decir, no existe un estudio técnico estatal de las zonas más afectadas, como el de la Dirección de Censo, sino que son estimaciones y conforme a los proyectos planteados por los SAT.
De esta manera, esas organizaciones eligen las zonas a edificar, escogen a la constructora de su agrado para las viviendas sociales y el Estado se limita en transferencia directa de recursos.