Nos están llevando a la quiebra.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2021 nos compele a hacer una revisión de cómo está el Estado y cuáles son las verdaderas intenciones de las autoridades en materia de políticas públicas. Históricamente lo han manejado como un botín repartiendo alegremente cargos, y ahora nos dicen que los gastos en salarios no nos dejan margen de maniobra para invertir en infraestructura; nos han endeudado hasta el tope y han comprometido hasta el futuro de nuestros hijos. Nos quieren hacer creer que ello era inevitable y no tenemos otra salida que seguir asumiendo compromisos; reparten alegremente beneficios jubilatorios insultantes para los “comunes” y no se animan a hacer las reformas; cargan abultados presupuestos en compras y contrataciones de servicios para repartirse dinero con sus amigos empresarios de turno, pero no hay apuro en aprobar el proyecto que imponga racionalidad a las adquisiciones. Una historia conocida. Necesitamos autoridades de los tres Poderes del Estado comprometidas con la mayoría de los paraguayos para hacer un cambio profundo. Esto es impostergable.
La presentación reciente del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2021 nos compele a hacer una revisión de cómo está el Estado y cuáles son las verdaderas intenciones de las autoridades en materia de políticas públicas. Históricamente lo han manejado como un botín repartiendo alegremente cargos, y ahora nos dicen que los gastos en salarios no nos dejan margen de maniobra para invertir en infraestructura; nos han endeudado hasta el tope y han comprometido hasta el futuro de nuestros hijos. Nos quieren hacer creer que ello era inevitable y no tenemos otra salida que seguir asumiendo compromisos; reparten alegremente beneficios jubilatorios insultantes para los “comunes” y no se animan a hacer las reformas; cargan abultados presupuestos en compras y contrataciones de servicios para repartirse dinero con sus amigos empresarios de turno, pero no hay apuro en aprobar un proyecto que imponga racionalidad a las adquisiciones. Una historia conocida. Necesitamos autoridades de los tres Poderes del Estado comprometidas con la mayoría de los paraguayos para hacer un cambio profundo. Esto es impostergable.
El proyecto presupuestario del año próximo no contiene mayores novedades tal como lo admitieron públicamente las autoridades del Poder Ejecutivo. Sigue los cánones a los que nos tienen acostumbrados: un gasto rígido donde el Gobierno Central despilfarra 85 guaraníes de cada 100 de los tributos que recauda el Estado para destinarlo a remuneraciones del personal público; donde se recurre al endeudamiento para realizar las inversiones necesarias porque la burocracia se traga casi todos los royalties y donde se reparten beneficios a un sinnúmero de personas sin tener mayores informaciones sobre el verdadero impacto de estas supuestas políticas “sociales”.
Se admite que la pandemia dejará al Fisco sin cuantiosos recursos y la reciente reforma impositiva rendirá sus frutos, pero no en la medida esperada a consecuencia del desinfle de numerosos sectores de la economía. Se anunciaron como decisiones auspiciosas que el plan presupuestario mantiene una serie de restricciones en los pagos de beneficios adicionales de remuneraciones para los cuantiosos funcionarios públicos, que se han eliminado algunos cargos vacantes y se han puesto limitaciones para las contrataciones futuras. Aunque se desconocen los datos precisos y los montos de “ahorro”, apenas son medias verdades.
La cuestión es que con estas pobres historias tratan de distraernos para no atacar los verdaderos problemas de fondo. No se trabaja seriamente en generar el ambiente que pueda permitir el desarrollo de negocios y las inversiones que a la postre pueden recuperar la economía pospandemia y llevar a la población a un mayor bienestar. Se requiere de una verdadera voluntad política que priorice los intereses del país por sobre las cuestiones partidarias y sectoriales.
El plan presupuestario nos propone un monto de 12.089 millones de dólares, con una caída del 8,2% en las recaudaciones impositivas, aunque se espera un repunte del 5% en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Una de las mayores preocupaciones es que la deuda pública está llegando a su tope, tomando en consideración que al cierre de julio pasado ascendió a 10.945 millones de dólares, el 30,9% del PIB. Los pagos de vencimientos de compromisos bordearán los 1.100 millones de dólares solo en el ejercicio 2021, lo cual representará un incremento del 31% con respecto a este año, correspondientes a los pagos de comisiones, amortizaciones, intereses y otros (casi se ha triplicado en los últimos 10 años). El déficit fiscal (más gastos que ingresos financiados con endeudamiento) cerrará en -7,2% este año y se estima llegará a -4,1% el año que viene. Las cosas no se muestran fáciles.
Es cierto que el Estado paraguayo casi no cuenta hoy con un margen de maniobra. Los ingresos tributarios no podrán crecer mucho porque la economía está frenada y las reformas recientes rendirán frutos recién en los próximos años. Se debe poner freno a los trasnochados que piden un nuevo aumento de impuestos en un escenario agonizante para muchos contribuyentes. Urge que las autoridades arbitren medidas para reducir drásticamente el contrabando y la evasión que no han parado durante esta pandemia. No es cierto que ya no reste margen para recortes de gastos innecesarios. Se debe acabar con las creaciones de cargos, suspender contrataciones de chupópteros, depurar drásticamente la lista de 50.000 contratados públicos, muchos de ellos zánganos que no sirven para nada, recortar beneficios insultantes para un país pobre como el Paraguay y anular contratos colectivos leoninos que rigen en casi todas las instituciones, con beneficios que rayan en lo delincuencial.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben acelerar la aprobación de proyectos de ley para reformar el servicio civil y el sistema de contrataciones del Estado, por donde se fagocitan anualmente centenares de millones de dólares, según lo advierten los propios organismos internacionales. La Caja Fiscal registra un crecimiento galopante que se lleva más de 130 millones de dólares anuales de nuestros impuestos, lo cual demuestra que urge un punto final a privilegios de militares, policías y docentes, los sectores que desangran las arcas públicas. El Estado debe arbitrar medidas urgentes para deshacerse de empresas públicas inservibles, como una cañera, y dar participación privada en condiciones seguras en áreas como energía eléctrica y agua potable. Se deben arbitrar medidas para buscar fuentes alternativas de financiación al presupuesto mediante la venta de inmuebles e infraestructuras valiosas que tiene el Estado y que las desaprovecha o subadministra, como el caso de fincas ubicados en zonas de privilegio. Se deben crear condiciones seguras para las Asociaciones Público-Privadas (APP) de tal manera a evitar seguir con el endeudamiento público. Todo es posible siempre que exista la voluntad política. El Poder Judicial necesita de un 2 y 3 de febrero para barrer con sus lastres, de jueces y fiscales corruptos, a fin de brindar seguridad física y jurídica a los habitantes de la República y a potenciales inversores tanto nacionales como extranjeros.
No queda margen de maniobra, es cierto, pero el camino de solución no es mantener el statu quo. El verdadero camino para salir de esta situación está en que los tres Poderes del Estado tomen de una vez por todas la decisión histórica de poner al país en primer lugar, por delante de sus intereses sectarios y egoístas, aprobar los proyectos e implementar las políticas en el camino correcto. Si ello no ocurre, el Paraguay se encamina directo al despeñadero y la consecuencia será la quiebra, con el alto costo que ello conlleva en dolor y miseria para la población más desprotegida. Nuestras autoridades y políticos deben entenderlo de una vez por todas que no hay otro camino y la población debe exigirlo con mayor fuerza.