Veteranos quieren saber dónde está su dinero y analizan acción penal
La UPV-Chaco analiza accionar penalmente contra TDP SA, firma del expresidente Juan Carlos Wasmosy y explotadora de la quiniela, por no haber pagado la tasa que correspondía a excombatientes y sus familiares.
n“Nos quedamos sorprendidos al leer este tipo de cosas”, manifestó ayer a ABC Color el abogado Víctor Azuaga, representante legal de la Unión Paraguaya de Veteranos de la Guerra del Chaco (UPV-Chaco).
El profesional señaló que existe malestar entre los socios y la comisión directiva desde que leyeron que la firma Technologies Developmente of Paraguay SA (TDP) reconoció abiertamente no haber pagado un impuesto que debía ser destinado al sostenimiento de los beneficios para los veteranos y sus familiares.
TDP SA es propiedad del expresidente Juan Carlos Wasmosy y desde 2015 explota la quiniela, el mayor juego de azar del Paraguay, que mueve anualmente unos US$ 127 millones.
Cuando fue adjudicada, la firma se comprometió ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) a cumplir con el pago de varias obligaciones y el ente debía exigirle reportes mensuales. Esto no ocurrió.
Uno de esos puntos era la tasa que debía entregar para el sostenimiento de veteranos de la Guerra del Chaco, obligación establecida por la ley 431/73 y sus modificatorias.
La señalada ley, a través de sus modificatorias, determina que las firmas que explotan los juegos de azar debían retener un 10% de los premios superiores a G. 1.000.000. Esos montos debían ser dirigidos para los sueldos de honor de los veteranos y excombatientes. Inconstitucionalidad
La firma de Wasmosy aceptó que cumpliría con esta obligación, pero ni bien fue adjudicada presentó una inconstitucionalidad Ley Tributaria y la 431/73.
Usando una solicitada, los directivos reconocieron que no pagaron durante cinco años la tasa para los excombatientes.
La justificación esgrimida es la acción de inconstitucionalidad planteada ni bien recibieron la concesión para la explotación de la quiniela.
“TDP tenía el legítimo derecho de aguardar el resultado de su planteamiento (y para tal efecto no se necesita ninguna medida cautelar)”, expresa la nota de la firma.
La Corte Suprema rechazó el pedido, pero ahora la firma de Wasmosy dice que el impuesto fue derogado; lo que efectivamente ocurrió pero en 2019 y nada dicen al respecto de los años durante los cuales no cumplió. “Es un delito”
“La propia Fiscalía debería haber abierto una investigación al respecto. Estamos hablando de la comisión de un delito”, cuestionó duramente el abogado Azuaga en conversación con nuestro diario.
Recordó que ya remitieron una nota al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para pedirle que intervenga en la situación y exija a los funcionarios responsables respuestas al respecto.
Azuaga también salió al paso de las declaraciones del expresidente Wasmosy, quien dijo que ya no tenía sentido el señalado impuesto puesto que ya no hay veteranos.
“Todavía quedan más de 6.000 viudas y sus familias que dependen directamente de lo que el Estado les
paga”, acotó el representante legal de los excombatientes y sus respectivas familias.