Contaminadores tienen vía libre para seguir agrediendo a la naturaleza.

Notablemente, pese a las evidencias disponibles, más los estudios de laboratorio que se han practicado, la Fiscalía del Ambiente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Juzgado Penal de Garantías de Limpio no resuelven el caso de la laguna Cerro, de esa localidad, contaminada salvajemente por la curtiembre WalTrading S.A., al punto que el color rojo que adquirieron sus aguas cobró notoriedad internacional. Los contaminadores parecen tener con las autoridades un “santo aparte”, como se dice popularmente, porque pese a que el Mades presentó un amparo para el cierre de la curtiembre, el juez Enrique Sanabria rechazó la medida de urgencia solicitada, de modo que la empresa siguió en actividad. El Mades le aplicó una multa equivalente a unos 1.600 millones de guaraníes, que nada le importó a la firma porque seguramente no la iba a pagar, y los vecinos denunciaron que la curtiembre seguía funcionando viento en popa. De nuevo cabe la pregunta: ¿para qué está el Mades, si sus decisiones son ignoradas tanto por los contaminadores como por la Justicia y otras instituciones?

Notablemente, pese a las evidencias disponibles, más los estudios de laboratorio que se han practicado, la Fiscalía del Ambiente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Juzgado Penal de Garantías de Limpio no resuelven el caso de la laguna Cerro, de esa localidad, contaminada salvajemente por la curtiembre WalTrading S.A., al punto que el color rojo que adquirieron sus aguas cobró notoriedad internacional. Como siempre ocurre, los diferentes organismos “se tiran la pelota”, lo que favorece a quienes atentan contra el ambiente.

Al menos desde marzo de este año, los vecinos del barrio Santa Lucía de la compañía Piquete Cue, de la mencionada ciudad, alertaron al Mades sobre el desastre ambiental que se estaba produciendo. Asimismo, la situación fue denunciada ante la Municipalidad de Limpio, la que, de manera casi complaciente con lo que venía sucediendo, decidió adoptar una medida “parche”, con la que supuestamente impediría que la contaminación avance a otros sitios. Contrasta esta actuación con la que en agosto de 2014 adoptó la Municipalidad de Fernando de la Mora, que retiró la patente comercial al importante frigorífico Guaraní, con lo que inhabilitó su funcionamiento, hasta tanto se adecuara a las leyes ambientales. Esto demuestra que, cuando quieren, las comunas pueden actuar efectivamente para proteger a los vecinos.

Desde abril pasado, el Mades supuestamente “toma cartas en el asunto”, y recién en agosto solicitó a la fiscalía una orden de allanamiento a fin de ingresar a la curtiembre.

Constató, en primer lugar, que el establecimiento, aparte de causar una grave contaminación que venía ocasionando, capturaba agua del riacho San Francisco, utilizando una motobomba para diluir el material en suspensión y oxigenar las aguas de la laguna Cerro, actividad para la cual no disponía del permiso correspondiente. Por otra parte, los técnicos constataron que los restos de cueros y tripas acumulados, así como los efluentes generados en el procesamiento del cuero, estaban dispuestos en su mayor parte sobre el suelo desnudo.

Dicha comprobación evidenció que el sistema de la empresa, que disponía de un precario tratamiento de sus efluentes, no funcionaba debido a que toda la vía se encontraba colmatada con desechos sólidos. Es decir, no había una colecta de disposición final de los residuos, que también concentraban sustancias químicas, como cal y sulfuro de sodio. De esta manera, toda esta peligrosa carga tenía como destino final la laguna Cerro.

Los contaminadores parecen tener con las autoridades un “santo aparte”, como se dice popularmente, porque pese a que el Mades presentó un amparo para el cierre de la curtiembre, el juez Enrique Sanabria rechazó la medida de urgencia solicitada, de modo que la empresa siguió en actividad. El viernes 11 de setiembre, tras un sumario administrativo, el Mades le aplicó una multa equivalente a unos 1.600 millones de guaraníes, que nada le importó a la firma porque seguramente no la iba a pagar. Por eso, ese mismo día los lugareños formularon una nueva denuncia, afirmando que la curtiembre seguía funcionando viento en popa.

De nuevo cabe la pregunta: ¿para qué está el Mades, si sus decisiones son ignoradas tanto por los contaminadores como por la Justicia y otras instituciones?

Así las cosas, puede presumirse que la supuesta intervención de la empresa terminará en un tremendo simulacro, similar a lo que habitualmente se produce con el arroyo Caañavé, en Carapeguá, que suele ser contaminado gravemente, con elevada mortandad de peces, sin que se conozca que alguna firma haya sido sancionada por tal motivo. Lo que ocurre generalmente es que los propietarios de las empresas contaminantes aportan dinero a los políticos locales, por lo que estos son complacientes con ellos. El lago Ypacaraí es otra víctima de la larga inoperancia de las autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Al margen de la medida cautelar del Mades, marchan como una tortuga la imputación y el pedido de prisión preventiva realizados por el fiscal ambiental Jalil Rachid contra Rogelio Ferreira Martins, propietario de la curtiembre, porque aparentemente la jueza de Limpio Elsa Idoyaga tiene otras prioridades, entre las que no figura el ambiente.

En resumidas cuentas, lo cierto y concreto es que el desastre ambiental ocurrido en la laguna Cerro y en otros sitios a lo largo y ancho de la República, va a continuar por mucho tiempo más, porque las numerosas instituciones que deben ocuparse del tema son indolentes, inútiles o corruptas. El Mades aparece como la autoridad de aplicación de las leyes ambientales pero, como se ve, es la más inútil de todas, al punto que sus resoluciones son ignoradas por las demás instituciones. Cuenta con varias dependencias, como la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), y la Dirección de Hidrología e Hidrogeología, entre otras, las que, ante los pobres resultados, inducen a preguntar: ¿para qué están?, ¿para qué fueron creadas? Mención aparte merece su Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, encargada de otorgar la Declaración (licencia) de Impacto Ambiental. Ella es la que autoriza a las empresas a operar sin que siquiera tengan planta de tratamiento. El remanido argumento de la falta de recursos ya no convence a nadie.

Lamentablemente, el ministro Ariel Oviedo, quien tiene la habilidad de zafarse de las responsabilidades y tirar el fardo a otras entidades, como en el caso de los incendios que sacuden al país, no asume los hechos con la firmeza necesaria. Si a ello se suman la inutilidad o complicidad de las demás autoridades con los contaminadores, la conclusión obvia es que tenemos deterioro ambiental para rato. Solo con penas de cárcel ejemplares o medidas contundentes que les duelan en sus bolsillos a los sinvergüenzas, habrá esperanzas de que se combatirá la degradación de la naturaleza, que pone en riesgo la salud de la población.