EDITORIAL

Deplorable ocupación de veredas, calles y plazas por vendedores. Hace ya demasiado tiempo que, amparados por la negligencia, el populismo o la corrupción de las autoridades, miles de vendedores se apropian de calles, veredas y plazas, en desmedro del derecho de los demás habitantes de Asunción. La Ordenanza Nº 16/92, que regula la venta en la vía pública, dispone que “ningún comercio formalmente establecido podrá colocar mercaderías para su exhibición o venta en las veredas (...)”. Esta normativa es infringida, a vista y paciencia de la Municipalidad, por comerciantes formales e informales, que se apropian de hecho de bienes del dominio público, sin importarles un bledo que el derecho al libre tránsito de las personas sea tan gravemente afectado. Es necesario, pues, que el intendente Óscar Rodríguez (ANR), a quien compete más directamente el tema, tome las medidas legales de urgencia para evitar o revertir la deplorable situación.

Hace ya demasiado tiempo que, amparados por la negligencia, el populismo o la corrupción de las autoridades, miles de vendedores se apropian de calles, veredas y plazas, en desmedro del derecho de los demás habitantes de Asunción, que pagan sus impuestos y tasas para que, entre otras cosas, esos espacios públicos estén para su disfrute, manteniéndoselos limpios y libres de obstáculos.

Últimamente, respondiendo a reiteradas denuncias de peatones y vecinos, funcionarios municipales visitaron algunos locales comerciales de la avenida Eusebio Ayala, que ofertaban mercancías sobre la vereda y hasta sobre la calzada, obstruyendo el paso de personas y vehículos. Sus abusivos dueños, que ya habían sido advertidos en junio de que estaban en infracción, no contaban con el permiso municipal de rigor –que, de hecho, no podían tenerlos porque serían ilegales–, al igual que muchos otros comerciantes que invaden la vía pública en toda la ciudad. Talleres mecánicos y playas de ventas de autos se apropian de las veredas como si fueran propiedad privada. Las céntricas y emblemáticas calles Palma y Estrella, entre otras, son ejemplos palpables de los abusos comentados. En el caso de la avenida Eusebio Ayala, los intervinientes labraron actas, derivaron los casos al Juzgado de Faltas y aprovecharon la oportunidad para llamar la atención a otros infractores. Puede presumirse que estas medidas burocráticas llevarán su tiempo en una y otra dependencia, y que, probablemente, alguna jugosa “propina” mediante, las advertencias serán olvidadas y se volverá a lo mismo.

La Ordenanza Nº 16/92, que regula la venta en la vía pública, dispone que “ningún comercio formalmente establecido podrá colocar mercaderías para su exhibición o venta en las veredas, salvo que medie una autorización expresa de la Municipalidad para determinados servicios”. Se trata de una prohibición general que solo admite que la autorización sea concedida en ciertos casos, no especificados por la normativa. Dado que abundan los locales comerciales que usurpan aceras, es de suponer que no cuentan con autorización alguna o que ella es otorgada sin considerar esos “determinados servicios”. De cualquier manera, el permiso nunca podría ser concedido si las mercaderías exhibidas dificultan el tránsito peatonal o la visual de los conductores, que es precisamente lo que ocurre por doquier. Se pone así en riesgo la integridad física de los transeúntes, que se ven forzados a bajar a la calzada por estar ocupada la “franja peatonal segura”.

La normativa citada es infringida, a vista y paciencia de la Municipalidad, por comerciantes formales e informales, que se apropian de hecho de bienes del dominio público, sin importarles un bledo que el derecho al libre tránsito de las personas sea tan gravemente afectado. Con toda razón, quienes abonan tributos municipales y nacionales suelen quejarse de la competencia desleal de los vendedores callejeros apostados en sus puertas, pero también es cierto que son numerosos los comerciantes formales que violan la ordenanza antes referida. Además, proliferan los vendedores callejeros “estacionados” que carecen de permiso alguno o que lo obtuvieron sin estar inscriptos en el registro permanente ni pagar el canon como corresponde. Deberían contar –créase o no– con la “autorización de la Dirección de Salud cuando se trate de manipulación de alimentos”, exigencia esta ignorada olímpicamente. Cabe preguntarse si esos vendedores son independientes, como tendrían que serlo, pues no sería raro que muchos estén solo al servicio de “empresarios de frontera” o de comerciantes “formales”, que así pueden llegar a más clientes, ahorrando costos. Pero no solamente la Municipalidad hace la vista gorda ante esta problemática. También deberían involucrarse los Ministerios de Industria y Comercio y de Hacienda, la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), ya que este gigantesco mecanismo ilegal incluye también mercaderías de dudosa procedencia, de contrabando o falsificadas. Como se ve, nuevamente estamos ante una maraña de instituciones inútiles o corruptas, que no cumplen con sus obligaciones.

Existen áreas prohibidas para la venta callejera, atendiendo la estética urbana, entre otras cosas, pero parece que la céntrica Plaza de la Libertad no es una de ellas, pues se ha convertido en poco menos que en un mercado, tras haberse autorizado la instalación de una feria artesanal. El centro de Asunción está lleno de vendedores callejeros “estacionados” que hasta llegan a ocupar las calzadas, sin que la Municipalidad se inmute. Hay “cambistas” que, desde hace años, operan frente al Ministerio de Hacienda o muy cerca de las casas de cambio, como si realizaran una actividad común y corriente que no tendría por qué ser controlada. Juntos, mueven un gigantesco capital.

Dado que se tolera la ocupación irregular de bienes del dominio público, reina un caos que, aparte de empeorar la imagen de la capital, atenta contra la libertad de tránsito e incluso la salud de sus pobladores y de quienes la visitan, al tiempo de representar la ya mencionada competencia desleal a las empresas que trabajan cumpliendo con todas sus obligaciones legales.

El nuevo eslogan municipal –“Asunción en orden”– no está mal escogido, en la medida en que el buen orden facilita el libre ejercicio o la preservación de un derecho. Pero bajo la anarquía urbana hoy reinante, impera la ley del más fuerte. Es necesario, pues, que el intendente Óscar Rodríguez (ANR), a quien compete más directamente la deplorable situación, tome las medidas legales de urgencia para evitarla o revertirla. Entre ellas figuran las desocupaciones o recuperaciones de bienes, la inhabilitación de locales y la suspensión de autorizaciones, así como las medidas de policía, a las que los funcionarios municipales pueden recurrir de inmediato cuando se constaten “hechos que verosímilmente puedan ser considerados faltas”, recurriendo al auxilio de la fuerza pública si fuera preciso. Es del todo innecesario “notificar” antes a quienes están en flagrante infracción.

Se aguarda, en fin, que lo actuado en la avenida Eusebio Ayala se extienda a toda la ciudad y que la administración municipal se disponga a hacer cumplir las ordenanzas, sin necesidad de esperar que los pobladores protesten.