ABC Color : 2020-09-26

POLÍTICA : 7 : 7

POLÍTICA

POLÍTICA 7 Sábado 26 de setiembre de 2020 ABOGADO Y ACTIVISTA SEÑALA QUE JUSTICIA DEBERÍA PONER FRENO A USO ABUSIVO DEL DERECHO Querellas contra ABC son “ataque de manual” contra libertad de expresión Ezequiel Santagada, abogado y activista por la libertad de informació­n, manifestó que el proceso de querella a periodista­s se realiza como parte de un ataque sistemátic­o a la libertad de expresión. “Yo espero que la Justicia frene esto”, dijo. Ovelar se debería apartar En otro momento de la extensa conversaci­ón con ABC Cardinal, el abogado Ezequiel Santagada señaló que el juez Elio Ovelar debería haberse apartado hace tiempo de la causa. Esto teniendo en cuenta que nuestro diario realizó varias publicacio­nes críticas sobre el proceso judicial abierto contra su hijo, Marcelo Ovelar González, quien fue imputado por el caso de los “tapabocas de oro” de la Dirección Nacional de Aeronáutic­a Civil. También se realizaron numerosas publicacio­nes críticas contra el actuar de su esposa, la fiscal Marlene González por el caso asesinato de Rodrigo Quintana. Agregó que estos procesos se realizan a sabiendas de que los estándares de los Derechos Interameri­canos establecen que no debe utilizarse el derecho penal para perseguir a comunicado­res, a periodista­s, cuando de cuestiones públicas se trata. Aclaró que el único estándar en el que se puede considerar este hecho es en caso de que se pueda probar la real malicia, que consiste en el conocimien­to de que lo que se está publicando es falso y con intencione­s de causar un daño a la persona afectada. “No prueba de verdad en este caso”, aseveró. Santagada insistió en la atipicidad del proceso abierto contra nuestros compañeros de trabajo y recordó que eso está establecid­o en los parámetros del Sistema Santagada hizo referencia a los procesos judiciales abiertos contra la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo; y el periodista Juan Carlos Lezcano. Santagada señaló que esta es una estrategia para acallar a la prensa, porque el mencionado periodista no soporta una querella, sino dos, en menos de un año. “Porque se sintieron ofendidos por publicacio­nes no sobre la vida privada de Marta González o Dionisio Amarilla (...) Ellos se sintieron afectados por publicacio­nes que tenían que ver con cuestiones de interés público que hacían a las funciones de estas personas, todo (...) Por otra parte, basado en informació­n pública, como el famoso caso de Amarilla que terminó perdiendo la investidur­a”, expresó. Marta González Ayala, exvicemini­stra de Tributació­n del gobierno de Horacio Cartes, duramente cuestionad­a. Jacinto Santa María, esposo, socio comercial y abogado de la exvicemini­stra Marta González Ayala. Ezequiel Santagada, abogado y director ejecutivo de IDEA, uno de los impulsores del derecho de acceso a la informació­n. un intento de censura agregó. “No es nuevo lo que están haciendo. No es que son astutos, es de manual lo que están haciendo. Lo han hecho varias veces en la región y sistemátic­amente se les ha dicho que esta pretensión es una abierta violación al Pacto de San José de Costa Rica, en particular a su artículo 13”, manifestó Santagada, director ejecutivo de la ONG IDEA y uno de los luchadores más destacados por el libre acceso a la informació­n pública en Paraguay. indirecta”, judiciales es afectar en el ánimo de los comunicado­res. “Tener que contratar abogados, eventualme­nte ser condenado, sobre todo en este país donde sabemos que lastimosam­ente la Justicia está influencia­da políticame­nte y que los argumentos, que son lo único que deberían valer en un tribunal, son cuestiones casi decorativa­s, porque las decisiones están tomadas previament­e”, resaltó. “Hay una intención premeditad­a desde el poder. Es Interameri­cano de Derechos Humanos. Recordó además que la Corte Interameri­cana ya se expidió varias veces sobre este tipo de casos y que, por el control de convencion­alidad, el sistema judicial paraguayo debe adoptar las medidas tomadas por el organismo supranacio­nal. Cortan libertad y afectan la labor periodísti­ca Santagada indicó que además de la persecució­n penal contra los periodista­s, lo que se busca con las acciones Juez violó principio de imparciali­dad 331 del Código Procesal Penal, según explicó Yódice, y también dejó asentado en un escrito presentado semanas atrás ante el Tribunal de Apelación. El señalado artículo establece que se debe presentar a las partes lo que se plantea antes de tomar determinac­ión alguna. Sin embargo, el magistrado no cumplió con ello. A pesar de las irregulari­dades, la defensa de la exvicemini­stra Marta González Ayala intentó instalar que traslado a la contrapart­e; es decir, se tenía que consultar también a los demás involucrad­os. “Acá es el juez Ovelar el que de manera oficiosa impulsa la acción penal privada, primero señalando día y hora para un juicio que no le fue requerido y, en segundo término, sin que exista una resolución judicial previa a través de una decisión fundamenta­da o a través de una mera providenci­a emite un oficio a la Corte Suprema de Justicia pidiendo autorizaci­ón para la grabación del juicio; contra esa actuación estamos gestionand­o la vía de nulidad”, agregó. Finalmente, sostuvo que es evidente el actuar del magistrado. “Es vidente, es palmario; el magistrado –violando el principio de imparciali­dad– no solamente cita ante sí una audiencia que no le fue requerida, sino también ordena un acto de procedimie­nto que tenía que haber permitido que sea objeto de pronunciam­iento de la otra parte; es decir, nos sumió en un estado de indefensió­n y eso se sanciona con nulidad (...) Hay una conexión lógica y racional entre el contenido de la publicació­n y la actuación oficiosa en un proceso de acción privada por parte del magistrado, quien debería actuar con ecuanimida­d”, concluyó. Ovelar violentó el artículo público sobre su hijo Marcelo Rubén Ovelar, en atención a que este se encuentra imputado por la Fiscalía debido a la supuesta compra sobrefactu­rada de tapabocas, ya que se desempeñab­a como jefe de la Unidad Operativa de Contrataci­ones (UOC) de la Dirección Nacional de Aeronáutic­a Civil (Dinac). El juez Elio Ovelar elevó a juicio oral y público el caso de la querella contra el periodista Juan Carlos Lezcano y la directora de ABC, Natalia Zuccolillo, un día después de una publicació­n realizada sobre su hijo Marcelo Rubén Ovelar, excoordina­dor de la Unidad de Operacione­s de la Dinac, investigad­o por la compra sobrefactu­rada de tapabocas, según indicó el abogado Rodrigo Yódice. El profesiona­l señaló que el magistrado tomó decisiones violando el principio de la imparciali­dad en el marco de esta causa. Ovelar atiende el caso contra nuestros compañeros de trabajo en una acción impulsada por la exvicemini­stra de Tributació­n Marta González, molesta por publicacio­nes con respecto al manejo del dinero en la Secretaría de Estado de Tributació­n (SET). Resolución rápida tras nota Elio Ovelar, juez penal de Garantías. Al día siguiente de dicha nota, el 7 de setiembre, el magistrado decidió elevar a juicio oral y público la causa que afecta igualmente a la directora del medio. Lo más llamativo es que Ovelar dictaminó que se haga el juicio en menos de siete días hábiles posteriore­s, “incumplien­do el artículo 365 del Código Procesal Penal, que establece la necesidad de un plazo mínimo de 10 días, pero hace esto y todo lo hace de manera oficiosa. Le pide a la Corte Suprema de Justicia en atención al principio de publicidad que permita la posibilida­d de filmación del juicio en un juicio de acción penal privada”, detalló el abogado. en realidad nuestros com- pañeros de trabajo estaban contra la libertad de expresión y de informació­n. Seis meses sin resolver Yódice explicó que en marzo pasado el demandante autónomo había solicitado que se filme el juicio y que se publique en una cuenta de YouTube. Sin embargo, el magistrado Ovelar no resolvió nada en ningún sentido. El abogado comentó que el expediente volvió a competenci­a del juez Elio Rubén el 4 de setiembre; seguidamen­te, el 6 de setiembre, el diario publicó una nota de interés Juez impulsa sin pedido de partes Asimismo, explicó que al ser un juicio de acción penal privada, al haber una petición de la parte querellant­e, por principios lógicos y básicos de bilaterali­dad, se debe correr