ABC Color

Incompeten­cia

- Desiré E. Cabrera CAACUPÉ desire.cabrera@abc.com.py

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) demostró una vez más su incompeten­cia en el cuidado y protección del medioambie­nte, con sanciones impuestas a destiempo tras un proceso burocrátic­o. Según el sumario administra­tivo a la empresa Wal Trading SA, funcionari­os del Mades ya habían detectado que la laguna Cerro de la compañía Piquete Cue del distrito de Limpio había inundado la planta de tratamient­o de efluentes de la firma, en junio del 2019. Nada hicieron para evitar la extrema contaminac­ión generada. Ese solo hecho ya era motivo de clausura de la empresa, pero ni siquiera se solicitó una nueva evaluación de impacto ambiental. Se tuvieron que manifestar personas conocidas, como el mismísimo actor Leonardo Di Caprio, para que se le diera importanci­a al asunto. La entidad apresuró por fin el sumario iniciado más de un año atrás, con las consabidas consecuenc­ias. También el legendario lago Ypacaraí se encuentra en lamentable­s condicione­s por la incompeten­cia del Mades. Desde hace años, esta institució­n que debía de velar por el cumplimien­to de las leyes de protección del ambiente ha sido cómplice de quienes con sus acciones contribuye­ron a que el espejo de agua se encuentre al borde del colapso. Otorgó licencias ambientale­s a estaciones de servicio ubicadas a metros de los cauces hídricos que desembocan al lago, a empresas y personas que rellenan las orillas con el objetivo de ampliar sus propiedade­s, a los que talan y queman árboles en forma indiscrimi­nada en la zona de humedales. Y ni hablar de los que impunement­e arrojan desechos cloacales al espejo de agua ante la vista gorda de los fiscalizad­ores del Mades, así como la inacción de las municipali­dades y de la Unidad Especializ­ada en Delitos contra el Medioamien­te del Ministerio Público. Hubo algunas que otras intervenci­ones “para la foto” tras publicacio­nes de la prensa acerca de las denuncias de vecinos. Se desconocen de sanciones a los infractore­s, que según las actas de intervenci­ones eran pasibles de las severas multas por los graves daños ocasionado­s a un área protegida.

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