Abusan de la Justicia en querella contra ABC
La actuación del juez Elio Ovelar despierta fundadas sospechas por su llamativa insistencia de realizar el juicio oral y público al periodista Juan Carlos Lezcano y a la directora del diario ABC, Natalia Zuccolillo, a sabiendas de que no se han agregado aún importantes pruebas de la defensa.
En el marco del juicio impulsado por la exviceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Marta González Ayala contra nuestro diario, el propio magistrado requirió sendos pedidos de informes a su par de igual clase y jurisdicción de la República de Panamá, a petición de los abogados Rodrigo Yódice y César Coll Rodríguez.
Específicamente, las autoridades panameñas deberán remitir la contestación de una serie de informes requeridos al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y a la empresa IDEATI SA, ambas con asiento en dicho país.
La información requerida a cada una se detalla en la infografía que acompaña este material.
Si bien con relación a los datos solicitados al CIAT, existe un informe de la SET que los contesta parcialmente. La totalidad de los datos requeridos del exterior está pediente de contestación y es necesaria para el cotejo correspondiente con dichos informes recogidos localmente.
Este es el principal motivo por el cual la defensa solicitó la postergación del juicio oral y público, es decir, por la misma imposibilidad de concluir la audiencia sin contar con dicha información.
En ese sentido, se argumentó que por tratarse de una información de crucial importancia, aunque se desarrolle el juicio no se podría llegar a un estado de sentencia sin antes recibir dichos informes.
Cabe recordar que la propia defensa manifestó su decisión de no conciliar y afrontar el juicio oral, pero obviamente para ello debe hacerse en igualdad de condiciones claro está, cada parte con sus respectivas pruebas. “Urgencia” no está justificada
“Acá no hay peligro de extinción ni de prescripción. Además, estamos en plena pandemia y por disposición de la Corte Suprema de Justicia
únicamente se debían calendarizar aquellos juicios donde existen personas privadas de su libertad, o procesos que tienen peligro concreto de extinción o prescripción. Por eso no entendemos cuál es la urgencia por la que el juez insiste en realizar el juicio, antes de recepcionar los informes que él mismo requirió a sus pares de Panamá”, explicó el abogado Rodrigo Yódice.