Prueba para jueces y fiscales.
El juicio oral y público que se inició ayer en el caso de los famosos “audios” es un hecho histórico, ya que es la primera vez que se discutirá abiertamente cómo funcionan las mafias en el Paraguay, y específicamente en el Poder Judicial. Lo que era un fuerte rumor y provenía también de personas que habían sufrido las consecuencias de grupos criminales en el sistema judicial, se puso en evidencia crudamente. En esta asociación ilícita participaban, de acuerdo con los elementos filtrados y la acusación fiscal, abogados de renombre, considerados honorables por la sociedad, fiscales que aparecían como impolutos, jueces y miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La sociedad entera debe estar pendiente del comportamiento de los fiscales y jueces en este juicio, porque no debe extrañar que tal como lo hicieron por años, los hoy acusados, intenten utilizar los mismos medios ilícitos de los que están sospechados para librarse nuevamente.
El juicio oral y público que se inició ayer en el caso de los famosos “audios” es un hecho histórico, ya que
es la primera vez que se discutirá abiertamente cómo funcionan las mafias en el Paraguay, y específicamente en el Poder Judicial.
Lo que era un fuerte rumor y provenía también de personas que habían sufrido las consecuencias de grupos criminales en el sistema judicial, se puso en evidencia crudamente, mostrando en los audios a personajes que gozaban de alta consideración en la política, en el fútbol y en la Justicia, quienes se dedicaban a traficar influencias, comprando voluntades, arreglando casos y enriqueciéndose con ello.
En esta asociación ilícita participaban, de acuerdo con los elementos filtrados y la acusación fiscal,
abogados de renombre, considerados honorables por la sociedad, fiscales que aparecían como impolutos, jueces y miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Los abogados aparentemente vendían “soluciones” a sus clientes, ofreciendo comprar fiscales, jueces y funcionarios. Los fiscales involucrados inventaban imputaciones o sobreseían a los clientes de los abogados mencionados. Si algún fiscal o juez no se sometía a este esquema, eran llamados por Raúl Fernández Lippmann, secretario del entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados,
Óscar González Daher, o por este mismo, para “convencerles” por las buenas o por las malas.
Es muy probable que este esquema sea mucho más grande que el descubierto –no por la fiscalía–, incluyendo cientos de casos, con otros fiscales, jueces, abogados y políticos. Precisamente, lo llamativo de este caso, es que el Ministerio Público no haya tomado como corresponde su tarea de abrir una investigación seria y mucho más amplia. La cuestión es aún más grave, ya que además, no se conoce que ningún fiscal o juez haya sido tan siquiera investigado o sometido a proceso.
Esta inacción cómplice de la fiscalía lleva a temer que estos esquemas delincuenciales sigan vigentes, sometiendo a las personas a la compraventa de casos, en los que se discuten la libertad y los bienes de la ciudadanía que cae en sus garras.
El caso que se debate hoy en juicio oral y público es una prueba que los fiscales y jueces deben superar. Principalmente en cuanto a despejar dudas de la gente respecto de la podredumbre de la Justicia y la Fiscalía.
Con razón se sospecha que fiscales y jueces pueden intentar hacer lo imposible para salvar nuevamente a los acusados. Esto generalmente lo hacen con una investigación deficiente, allanándose a la exclusión de pruebas, realizando malos planteamientos en el juicio, entre otras trampas. A partir de ahí, los jueces se escudan en un “mal trabajo” de la fiscalía, para justificar la absolución de los acusados. Y así, el sistema sigue gozando de buena salud.
Uno de los principios rectores del sistema procesal es la búsqueda de la verdad real, lo que significa que la Justicia debe alcanzar esa verdad de los hechos con pruebas, para condenar a los que cometieron delitos. Es por ello que, si los fiscales actúan de manera negligente o intencional para ayudar a los acusados, los jueces deben asumir su responsabilidad de advertir esta inconducta y disponer que sean investigados y sancionados.
Es preocupante la actitud indiferente del Ministerio Público respecto de los miembros que forman parte de esa institución y que no fueron investigados .Nose conoce si el Ministerio Público realizó una investigación de los casos que salieron a la luz mediante los audios, para procesar a jueces y fiscales que prevaricaron.
Esta actitud les ubica como sospechosos y cómplices, que deben ser atentamente observados por la ciudadanía en el juicio que se está desarrollando. Los tres fiscales (Rodrigo Estigarribia, Natalia Fúster y Susy Riquelme) deben recordar que representan a la sociedad y que esta fue seriamente dañada con la asociación criminal puesta en evidencia. En consecuencia, deben ser rigurosos en su trabajo y en la aplicación de la ley, buscando la condena de los responsables, solicitando la mayor pena posible, como ejemplo de justicia.
Se espera que el tribunal de sentencia, una vez probada la culpabilidad de los acusados, remita los antecedentes del caso de los fiscales y jueces que estuvieron involucrados en los hechos que se expondrán en el juicio. Estos personajes también deben ser investigados y sometidos a juicio. Solo de esa forma podrá tenerse una leve esperanza de que la impunidad dejará de ser la regla en nuestra Justicia.
La sociedad entera debe estar pendiente del comportamiento de los fiscales y jueces en este juicio, porque no debe extrañar que tal como lo hicieron por años, los hoy acusados, intenten utilizar los mismos medios ilícitos de los que están sospechados para librarse nuevamente. Estos representantes de la sociedad (fiscales) y de la justicia (jueces) deben saber que son observados, controlados, para que cumplan la ley y sancionen a los culpables con todo su peso.