EDITORIAL

Municipalidad, “caja chica” (o grande) de intendentes y concejales. La Contraloría General de la República presentó al Ministerio Público siete contundentes denuncias sobre la gestión del exintendente asunceno Mario Ferreiro y la del sucesor Óscar Rodríguez, cuando este presidía la Junta Municipal. Su auditoría abarcó los ejercicios fiscales 2018 y 2019 y detectó, por de pronto, un daño patrimonial de nada menos que ¡357.169.527.115 guaraníes!, en diversos conceptos. La serie de ilicitudes fue reiteradamente señalada por la prensa, pero no tanto por los concejales, pese a que el sistema de control interno de la administración financiera municipal está a cargo de los ediles y del órgano auditor que determina la Intendencia. Es de recordar que los miembros de la Junta Municipal son personalmente responsables, con sus bienes, por los perjuicios causados a la Municipalidad por actos y operaciones que autoricen contra las normativas vigentes. Ante tantas evidencias de rapiña por parte de sus “representantes”, los asuncenos y las asuncenas ya no deben seguir eligiendo a sinvergüenzas para que roben en su nombre. Más bien tienen que reclamar que los ladrones públicos vayan a parar a la cárcel.

La Contraloría General de la República presentó al Ministerio Público siete contundentes denuncias sobre la gestión del exintendente asunceno Mario Ferreiro yla del sucesor Óscar Rodríguez, cuando este presidía la Junta Municipal. Su auditoría abarcó los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y detectó, por de pronto, un daño patrimonial de nada menos que ¡357.169.527.115 guaraníes!, como resultado del uso de bonos para financiar “cajas chicas”, del pago a funcionarios que no trabajaban, de la falta de cobro a permisionarios del Mercado de Abasto, de la ejecución de lo recaudado en impuesto inmobiliario y patentes de rodados, de la construcción de la “bicisenda” y del “Paseo de las Luces”, de la omisión del cobro por la basura de otros municipios recogida en el vertedero de Cateura y del encubrimiento a su concesionaria Empo SRL, presunta evasora fiscal. Esta serie de ilicitudes fue reiteradamente señalada por la prensa, pero no tanto por los concejales, como el hoy diputado Hugo Ramírez (ANR) y su colega provisorio en el Congreso Augusto Wagner (PLRA), ambos de largo ejercicio en la Junta Municipal asuncena, pese a que el sistema de control interno de la administración financiera municipal está a cargo de los ediles y del órgano auditor que determina la Intendencia.

Es de recordar, una vez más, que los miembros de la Junta Municipal son personalmente responsables, con sus bienes, por los perjuicios causados a la Municipalidad por actos y operaciones que autoricen contra las normativas vigentes, salvo quienes hicieron constar su disidencia en el acta de la sesión o se hallaron ausentes con permiso. Esto significa que la pesquisa fiscal también debe alcanzar a los concejales, dado que un daño patrimonial de tal magnitud como el denunciado no se habría podido cometer sin la participación, por activa o por pasiva, del “órgano normativo, de control y deliberante”, al decir de la ley. Desde luego, también el intendente y los funcionarios municipales, como los de la Auditoría Interna que nada advirtieron, están sujetos a la responsabilidad civil y penal por el incumplimiento de la Ley Orgánica Municipal (LOM).

Resulta claro que las fechorías no empezaron con la administración de Mario Ferreiro, de modo que es lamentable que el desempeño de su antecesor –el actual diputado Arnaldo Samaniego (ANR)– nunca haya sido objeto de una auditoría tan minuciosa como la comentada. Es de presumir que si la Contraloría hubiese cumplido con su deber, el susodicho no estaría enlodando hoy un escaño, en representación de sus propias víctimas, es decir, los pobladores de Asunción. Desde hace largos años, en la Municipalidad capitalina se viene robando y permitiendo robar, a diestra y siniestra. Ella se ha convertido en una fuente irregular de copiosos ingresos que, en ciertos casos, han servido incluso para tomar el Congreso por asalto. Es decir, la concejalía es un fructífero trampolín para aterrizar en una banca del Poder Legislativo. Allí no hay distinción de banderías políticas, es decir, existe un amplio consenso en cuanto a la conveniencia de aprovechar el cargo para aumentar el patrimonio particular a expensas del municipal.

Si las contrataciones públicas se prestan a diversos amaños, la cuestión se agrava cuando, como ocurre en este nivel político-administrativo, ellas no dependen de autorizaciones o aprobaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, cuyas atribuciones se limitan aquí a comunicar la irregularidad que detecte en el procedimiento a la Contraloría y a la Junta Municipal, para que estos órganos ejerzan sus funciones de control. La zorra cuidando del gallinero: los concejales no solo aprueban, rechazan o modifican el pliego de bases y condiciones, sino que también aprueban la adjudicación de las licitaciones. ¿Es presumible que los ediles traten de corregir algo torcido que aprobaron para su propia conveniencia? Definitivamente, no. Por eso es preciso subrayar la responsabilidad del “legislativo” municipal, porque la ciudadanía parece creer que la corrupción es un pecado exclusivo del intendente.

Más allá de cuanto haga pronto y bien el Ministerio Público y de la necesidad de modificar la LOM en lo que hace al régimen de contratación municipal, los informes de la Contraloría ya deberían servir de base suficiente para que el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara Baja, disponga la intervención de la Municipalidad capitalina “por grave irregularidad en la ejecución del Presupuesto o en la administración de sus bienes”. Urge limpiar ese establo, lleno de inmundicias de todos los colores partidarios. Naturalmente, nada asegura que la intervención conlleve el saneamiento requerido, pero algo habrá que intentar para que la población asuncena no siga siendo presa de un latrocinio sistemático. Por su parte, ella debería prestar suma atención a la calidad moral e intelectual de quienes serán candidatos en los próximos comicios.

Lo que surge claramente de este descalabro que afecta a la Municipalidad capitalina por obra y gracia de sus autoridades, que defraudan a los contribuyentes con tanto descaro, es que los asuncenos y las asuncenas ya no pueden eludir su responsabilidad política en el momento de elegir. Ante tantas evidencias de rapiña por parte de sus “representantes”, ya no deben seguir eligiendo a sinvergüenzas para que roben en su nombre. Más bien tienen que reclamar que los ladrones públicos vayan a parar a la cárcel.