Tribunal especializado para OGD y su hijo
El tribunal especializado en Delitos Económicos, que está integrado por las juezas Yolanda Portillo, Claudia Criscioni y Yolanda Morel, será el encargado de juzgar al exsenador colorado Óscar González Daher y a su hijo, Óscar González Chaves, acusados por declaración falsa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El juez Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral la causa que enfrentan el exsenador por la ANR y su hijo, ya remitió el expediente al Tribunal de Sentencia que se encargará del juzgamiento del caso que se inició tras un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en agosto del año 2018.
Una vez que quede firme la competencia del tribunal, se deberá fijar fecha para el inicio del juicio oral contra González Chaves y OGD, quien actualmente enfrenta juicio por supuesto tráfico de influencias y asociación criminal por el caso de audios filtrados, en el que también están acusados Jorge Oviedo Matto, Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann.
El caso
El exsenador por la ANR Óscar González Daher está acusado por un supuesto enriquecimiento ilícito de G. 6.000 millones; mientras que su hijo es por G. 51.000 millones más US$ 82.000.
Según los agentes fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Rodrigo Estigarribia, Liliana
Alcaraz y Francisco Cabrera, la pericia contable definió que existe una inconsistencia que no concuerda con los depósitos de dinero, en efectivo y en cheques, recibidos en sus cuentas bancarias.
La acusación señala que la mayoría de las cuentas bancarias de Óscar González Chaves no aparecen en su declaración jurada ante la Contraloría General, pese que estaba obligado a informar al ser concejal de Luque por la ANR.
En cuanto al lavado de dinero, la pericia contable también determina que la firma Príncipe di Savoia SA no posee cualidades financieras para operar por sí misma, y fue utilizada como fachada por los acusados para adquisición y administración de cuantiosos inmuebles.
OGD y su hijo estuvieron privados de su libertad por seis meses, pero lograron arresto domiciliario y permiso para trabajar porque se cumplió el plazo de la pena mínima prevista.