No es momento de una asamblea constituyente.
Hoy existen voces provenientes de distintos sectores políticos que pretenden instalar la idea de una reforma constitucional. Sin embargo, algo tan importante como eso exige planteamientos serios que fundamenten su necesidad, lo que no se ha escuchado de los actores que propugnan esta alternativa de modificación constitucional. Vender la idea de una nueva constituyente puede ser una gran trampa mortal para la democracia, puesto que el sistema electoral vigente, controlado por autoritarios aprendices de dictador, será usado para tener mayorías en esa asamblea y destrozar, de una manera u otra, la división de poderes y las garantías ciudadanas. Nuestro país no puede renunciar a las conquistas democráticas que costaron sangre, exilio y luto a tantas familias, poniendo en riesgo un camino transitado con tanto sacrificio. No es momento de una asamblea constituyente.
La Constitución de un país es la ley más importante de la cual se derivan las demás, porque en ella, los convencionales acuerdan los principios elementales que regirán la vida de la sociedad. En nuestro caso, la Carta Magna vigente fue promulgada en el año 1992, como producto de un amplio debate social que se inició en 1991, posterior al derrocamiento de la dictadura.
En ese gran evento participaron todos los sectores de la sociedad, y como consta en el diario de sesiones, los debates fueron amplios, respetuosos, con gran nivel intelectual. Más allá de las posturas que no siempre coincidían, los convencionales constituyentes tenían claro que la idea de un nuevo pacto social tenía como denominador común el respeto al ser humano, un Estado al servicio del individuo, garantizando su desarrollo integral como persona. Todo esto siempre sobre la base de un estado social democrático de derecho.
El estado social de derecho, consagrado en la Constitución, significa que la República del Paraguay se organiza de tal manera que el Estado debe guiar y ejecutar sus acciones en el marco de la ley, teniendo como único objetivo el bienestar de la sociedad.
Luego de sentar esa declaración, se consagran derechos y garantías básicas para los ciudadanos, como la vida, la salud, el honor, el trabajo, la seguridad, la educación y todo aquello que forma parte de las condiciones necesarias para que una persona alcance la plenitud de su bienestar. En este acuerdo social, el poder reside en el pueblo y este elige a quienes actuarán como gobernantes para que administren los bienes que pertenecen a toda la sociedad. Esta representación se concreta mediante elecciones directas, y la responsabilidad de los servidores públicos está concretamente prevista en la Constitución.
Otro pilar de nuestro sistema de organización es la división de Poderes, según el cual, el Ejecutivo tiene a su cargo la responsabilidad de administrar los recursos y la seguridad, el Legislativo sancionar leyes democráticas con base en principios de igualdad, y el Judicial debe, a través de los jueces, aplicar el derecho dando a cada uno lo suyo.
Hoy existen voces provenientes de distintos sectores políticos que pretenden instalar la idea de una reforma constitucional. Sin embargo, algo tan importante como eso exige planteamientos serios que fundamenten su necesidad, lo que no se ha escuchado de los actores que propugnan esta alternativa de modificación constitucional.
La Constitución Nacional tiene menos de treinta años de vigencia, lo que, para una ley fundacional, producto de un gran consenso social, no representa algo significativo, considerando que contiene las bases de instituciones democráticas que requieren de un afianzamiento aún lejano. Esto se debe principalmente a que las instituciones responsables del control y castigo de los corruptos no funcionan como deberían. Pero no porque las instituciones no sean las adecuadas, sino porque están corrompidas por delincuentes que desde la política y grupos de poder fáctico convierten a las mismas en su feudo. Esos mismos grupos mafiosos copan los espacios en la justicia, con lo que garantizan impunidad, tal como quedó en evidencia con los audios filtrados, gracias a los que hoy, al menos una parte de ese esquema, está siendo sometido a juicio.
La amenaza más importante que vive actualmente la sociedad paraguaya es el intento de destruir las instituciones democráticas para retornar al autoritarismo.
Efectivamente, hay grupos políticos claramente embarcados en un proyecto autoritario, encabezados por el cartismo y con el apoyo del abdismo, pues de hecho, hoy ya forman un solo grupo, al que denominaron “Concordia Colorada”. Para ellos, lo importante es que el coloradismo esté en armonía, para que supuestamente eso beneficie al resto de la nación. Esta falacia queda al descubierto cuando se observa que todos los lugares de las instituciones democráticas están copados por serviles a estos “líderes”.
El único motivo por el que no han tomado aún decisiones autoritarias más evidentes de acumulación de poder es, simplemente, porque la vigencia de la ley, partiendo de la Constitución con su esqueleto democrático y la sociedad, se los impidió. Así pasó en el intento de enmienda sangrienta o en la venta oculta de derechos energéticos de Itaipú.
Nada de estos atropellos tuvo consecuencias para ninguno de los líderes colorados de “Concordia”, Cartes y Mario Abdo.
Por eso, vender la idea de una nueva constituyente puede ser una gran trampa mortal para la democracia,
puesto que el sistema electoral vigente, controlado por estos autoritarios aprendices de dictador, lo usarán para tener mayorías en esa asamblea y destrozar de una manera u otra la división de poderes y las garantías ciudadanas.
Nuestro país no puede renunciar a las conquistas democráticas que costaron sangre, exilio y luto a tantas familias, poniendo en riesgo un camino transitado con tanto sacrificio. Lo correcto es aumentar los controles en la administración del Estado, exigir que los gobernantes inviertan en el bienestar de la gente, mejorar el sistema electoral, entre otras cosas. Hay que someter a los delincuentes de cuello blanco a la justicia para que devuelvan lo que roban, así como a los jueces y fiscales que son parte de ese esquema mafioso.
Todo esto puede hacerse con procesos de transformación legislativa eficientes, sin que sea necesario ingresar a un escenario tan riesgoso como debatir la modificación constitucional con actores que carecen de moral, formación intelectual y patriotismo. Su conducta mostró siempre que lo último que les interesa es el bien común. No es momento de una asamblea constituyente.