Junta otorga permiso para que intendente siga prófugo
NATALICIO TALAVERA (Carlos Avalos, corresponsal). La Junta Municipal de Natalicio Talavera, Guairá, otorgó otro permiso por 30 días al intendente Gustavo Giménez Silvero (ANR Añetete) para que pueda seguir prófugo de la justicia sin ser afectado en sus funciones como jefe comunal. El mismo tiene orden de captura pendiente por supuesto abuso sexual y proxenetismo.
Por cinco votos contra cuatro, la Junta Municipal en sesión extraordinaria aprobó un pedido de permiso que el intendente Gustavo Giménez presentó desde la clandestinidad la semana pasada, con el objetivo de continuar escondido de la justicia y no sea reemplazado en la intendencia.
Los concejales anteriormente ya le habían autorizado ausentarse por 20 días, que venció el viernes pasado, y de esta forma nuevamente podrá faltar por otros 30 días más.
Como encargado de despacho quedó el presidente de la corporación legislativa, Osvaldo Giménez (PLRA), quien lamentó que desde la Junta se esté apañando al intendente otorgándole dichos permisos, pese a las graves denuncias en su contra.
Explicó, que, según la nota, el intendente estaría solucionando su problema judicial. “Lo veo poco probable, pero este sería el último permiso que se le da, si no se presenta o no renuncia, vamos a buscar un asesor para determinar qué medidas tomar para reemplazarlo”, explicó el edil.
El pedido fue aprobado por los concejales colorados Lourdes Giménez, Suny Benítez, Ovidio Mereles, Ramón Samudio y Ladislao Benítez.
Se abstuvieron los liberales Osvaldo Giménez (Presidente), Sixto Báez y Guido Silvero, además de Julio Brítez (ANR).
El jefe comunal Gustavo Giménez (ANR Añetete) es investigado bajo sospecha de haber pagado G. 2 millones a la madre de una niña de 14 años para mantener relaciones con la menor. El hecho ocurrió en el 2019 cuando la menor tenía 13 años.
Giménez fue imputado por abuso sexual infantil y proxenetismo por la fiscal Claudia Morys y tras darse a conocer su orden de captura, hace más de un mes, desapareció de la ciudad. El mismo se expone a una pena carcelaria de hasta 20 años.
Lo ocurrido en la Junta Municipal de este distrito hace recordar el caso del diputado de Alto Paraná Ulises Quintana (ANR), quien en setiembre del 2019 con el aval de sus colegas, cuando se ordenó la prisión en su contra, le otorgaron un permiso “para ir preso”, violando la Constitución Nacional que solo permite que los senadores y diputados pueden obtener permiso para ocupar cargos en ministerios, embajadas o por enfermedad, pero no para guardar prisión preventiva.