Aplazan ley que refinancia deudas con inmobiliarias
La Cámara de Diputados, el martes postergó por 15 días el estudio del proyecto de ley que refinancia las deudas con inmobiliarias, por cuotas impagas por terrenos durante la crisis por covid-19. Tiene dictamen de rechazo.
El proyecto de ley “Que mitiga el impacto de la pandemia del covid-19 enfocada a precautelar el bien inmueble” (sic), propone la exoneración del pago de interés moratorio, punitorio y gastos de cobranzas a todas aquellas personas que contrajeron obligaciones ante empresas del rubro inmobiliario y que se encuentren incumplidas en el periodo comprendido de marzo a diciembre.
También se establece el prorrateo de las cuotas atrasadas para las personas que por situación de la pandemia de covid-19, faltaron a sus obligaciones en el pago de sus cuotas por el lote adquirido, refinanciándolas o directamente pasándolas en cola de cuota de marzo a diciembre.
El proyecto prohíbe el recupero de bienes inmuebles por falta de pago de marzo a diciembre de este año. Asimismo, se establece que las municipalidades de todo el país darán tiempo de espera
para abonar el impuesto inmobiliario, hasta el último día hábil del año en curso, exonerando el interés moratorio y punitorio en ese concepto.
Rechazo
El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), presidente de la comisión de Legislación, mencionó que el órgano rechazó dicho planteamiento porque se involucra de manera ostensible en las relaciones comerciales de índole
privada, pretendiendo la quita total de intereses, gestión de cobro, además de otras cuestiones como el prorrateo y la refinanciación de las cuotas no pagadas hasta diciembre del 2020.
Además, del cobro de impuestos municipales sin intereses, por ser cuestiones que deben ser dejadas a la libertad contractual y comercial, y por afectar el patrimonio de los particulares y la misma municipalidad; con lo cual se transgrede la garantía que goza la propiedad privada, constitucionalmente protegida por el artículo 109 de la Carta Magna, que dispone en su segundo párrafo: “Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso”. La bancada cartista sentó postura en contra del proyecto pero por insistencia de su proyectista, el diputado Carlos Portillo (acusado), simplemente se postergó.