Aprueban multas por reventa del billetaje
El proyecto de ley que contempla aplicar sanciones a los revendedores del billetaje electrónico del servicio de buses a precios superiores a los fijados por el Gobierno, fue aprobado ayer por la Cámara de Senadores con varias modificaciones.
El debate se centró principalmente sobre el artículo 8° de la propuesta de ley, en el cual se planteaba como hecho punible el acto de reventa, dividiéndolo en tres formas que serían pasibles de cárcel de hasta dos años o multa. Las mismas eran: la comercialización de tarjetas falsas, clonadas o adulteradas; la recarga sin estar autorizados por alguna empresa prestadora del servicio homologada; y el uso de medios de pagos obtenidos mediante la comisión de algún hecho punible.
Ante la duda que generaba dicho artículo en comparación a lo que establece el Código Penal, finalmente fue modificado a propuesta del senador Jorge Querey (FG), quedando el texto de dicho apartado, así: “todo indicio de comisión de uno de esos delitos que están tipificados en el Código Penal, deberán ser presentados por la Sedeco ante el Ministerio Público”.
La ley prohíbe específicamente ofrecer y vender las tarjetas a un precio mayor al fijado para los consumidores finales, así como la recarga por un monto nominal inferior al valor monetario de la recarga solicitada por el usuario.
Se podrá denunciar la reventa y la especulación ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) de forma física o a través de un medio digital a distancia, individualizando al supuesto infractor, el sitio y el monto, con fotos u otros elementos útiles.
La Sedeco tiene un plazo de 10 días para iniciar la investigación. En caso de detectar a los infractores se les aplicarán sanciones administrativas consistentes en multas de entre 10 y 100 jornales mínimos. El Poder Ejecutivo debe reglamentar el procedimiento administrativo que incluya una escala de multas aplicables conforme al caso.
La Sedeco creará un registro de acceso público virtual donde publicarán los datos de los infractores y estarán disponibles durante tres años.
El plan pasa a la Cámara de Diputados, donde los legisladores deben analizar la propuesta, sancionar o no.