Una bofetada de Marito al pueblo paraguayo.

Al vetar totalmente la ley que disponía incluir los gastos socioambientales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá en el Presupuesto General de la Nación, el presidente Mario Abdo Benítez asestó un severo golpe a la transparencia de su administración. Cometió la vileza de pretender que unos 150 millones de dólares anuales sigan siendo manejados discrecionalmente, sin intervención alguna de los representantes del dueño de esos fondos: el pueblo paraguayo. Tal como están las cosas, seguirán siendo beneficiados, como ha estado ocurriendo, los intereses políticos del Poder Ejecutivo o los pecuniarios de sus cómplices. Es de esperar que la ciudadanía en general reclame a los legisladores que tengan la dignidad de repudiar el veto y mandarlo al basurero.

Al vetar totalmente la ley que disponía incluir los gastos socioambientales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá en el Presupuesto General de la Nación, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, asestó un severo golpe a la transparencia de su administración.

Cometió la vileza de pretender que unos 150 millones de dólares anuales sigan siendo manejados discrecionalmente, sin intervención alguna de los representantes del dueño de esos fondos: el pueblo paraguayo. Ese mismo pueblo con quien, según dijo alguna vez el Mandatario, tenían que “reconciliarse la política, las instituciones y la gestión de Gobierno”.

La infamia perpetrada no implica una reconciliación, sino más bien una nueva bofetada inferida a una ciudadanía expuesta a la arbitrariedad de los que mandan. Mario Abdo Benítez quiere que los directores y los consejeros de las entidades binacionales, manejados de hecho por nuestros socios en el emprendimiento hidroeléctrico, continúen la repartija a su antojo de este dinero público,

distribuido generalmente con criterio político.

Así, no debe excluirse, ni mucho menos, que el propio Jefe de Estado y otros jerarcas les pidan a los directores entregarlo a cualquier organización o emprendimiento, pues nada cuesta que un gasto sea calificado en los papeles de social o de ambiental, solo para guardar las formas.

Tal como están las cosas, seguirán siendo beneficiados, como ha estado ocurriendo, los intereses políticos del Poder Ejecutivo o los pecuniarios de sus cómplices, como, por ejemplo, la corrida “Run With Faith” organizada por el Faith Christian School, colegio propiedad del Centro Familiar de Adoración, del pastor Emilio Abreu, consuegro del entonces director paraguayo José Alberto Alderete. Así se pueden financiar “emprendimientos” de seccionales y candidatos colorados, disfrazados como la mencionada corrida de Abreu.

La ley vetada prevé que los fondos en cuestión solo sean invertidos en obras de infraestructura eléctrica, sanitaria y educativa, quedando prohibido el financiamiento de aquellos intereses espurios o el de los gastos rígidos del Estado, es decir, a esa numerosa clientela empotrada en el Presupuesto.

Nada en el Tratado de Itaipú, ni en el de Yacyretá, autoriza al Poder Ejecutivo a evadir el control ciudadano que se materializa constitucionalmente mediante la Ley del Presupuesto General de la Nación.

El Artículo 15 del Tratado de Itaipú, y su equivalente del de Yacyretá, establece que Itaipú pagará royalties y compensaciones a “las Altas Partes Contratantes”, es decir a la República Federativa de Brasil y a la República del Paraguay, y no dice que pagará esos royalties y compensaciones a los poderes ejecutivos de ellas. Luego son recursos que deben ingresar por vía ordinaria, es decir, bajo control del Congreso.

Los artículos 19 y 21 del Tratado de Itaipú, y sus equivalentes del de Yacyretá, no dejan lugar a dudas sobre que los sistemas institucionales de las “Altas Partes Contratantes” son los que rigen para cada una de ellas y nada le permite al Poder Ejecutivo excluir al Congreso, pues el Congreso es el centro del sistema institucional paraguayo.

Por tanto, lo decisivo es que los recursos en cuestión deben ser asignados mediante la ley presupuestaria, sancionada por el Congreso. Abdo Benítez mentía, como es obvio que lo hizo siempre, cuando sostenía que “los emprendimientos energéticos binacionales deben llevarse a cabo respetando siempre nuestros derechos soberanos”,

pero la práctica que está convalidando supone no solo una carta blanca para la administración caprichosa, sino también una afrenta a la Constitución, a la soberanía popular.

En este asunto, actualmente la ciudadanía no tiene voz ni voto, ni siquiera a través de sus representantes, porque unos pocos se arrogan el derecho de disponer de su dinero según su libre albedrío. Es la “caja grande” de los jerarcas de turno. Como los debates sobre el Presupuesto nacional son públicos, es posible conocer y al menos criticar los motivos que tuvieron los poderes políticos para asignar recursos, pero no así las que inducen a los directores –actualmente

Ernst Bergen y Nicanor Duarte Frutos– a apoyar financieramente a ciertas entidades y a otras no.

Quien ejerce la función pública no debe decidir, por sí y ante sí, el destino de los fondos que administra.

La objeción total de Mario Abdo Benítez a la transparencia de los gastos socioambientales respondería a que, simplemente, prefiere la opacidad para la corrupción.

Aquí hay mucho dinero en juego a disposición de los dueños del poder, razón de más para que el veto del Poder Ejecutivo merezca el más firme repudio de la opinión pública. En efecto, entre agosto de 2013 y abril de 2019, las entidades binacionales distribuyeron, sin ningún control ciudadano ni institucional, la sideral suma de 1,6 billones de guaraníes en concepto de “gastos sociales” y de publicidad. Los fondos socioambientales son así la gallina de los huevos de oro de los capitostes de turno.

Desde luego, no fue una mera casualidad que tales erogaciones hayan aumentado en 2015 y en 2017, años de elecciones internas y municipales, de modo que es comprensible que los politicastros cabildeen para obtener los favores “socioambientales” de los popes de las entidades binacionales. Esos gastos no son auditados por la Contraloría General de la República, órgano encargado de fiscalizar la ejecución y la liquidación del Presupuesto nacional.

Queda la remota esperanza de que las dos cámaras del Congreso se ratifiquen en la sanción de la ley, rechazando así el veto del Presidente de la República. La repugnante actitud del Jefe de Estado, coherente con la barbaridad del Acta Bilateral, hace temer que la renegociación del Tratado de Itaipú sea conducida con la misma ruindad.

Como no existen líderes políticos que enarbolen la bandera de las reivindicaciones, es de esperar que la ciudadanía en general reclame a los legisladores que tengan la dignidad de repudiar el veto y mandarlo al basurero.