Falta agua, sobra impunidad.

La Cámara de la Vergüenza nunca pierde oportunidad para validar su título de ser lo más rastrero que tiene nuestro país. Lo último fue el rechazo a la interpelación del presidente de la Essap, Natalicio Chase, más que justificada ante los sufrimientos y humillaciones que pasa la gente todos los días. Rendir cuentas es una obligación de todos los servidores públicos en cualquier democracia, menos en la nuestra. En Paraguay, los funcionarios no aceptan que son servidores pagados por el pueblo con sus impuestos, con lo cual, dar explicaciones es ofensivo para su ego. Pero la posición de los diputados no es una casualidad, sino que responde a un criterio que baja desde las más altas esferas del Gobierno. La “Operación cicatriz” impuesta por Horacio Cartes y aceptada gustosamente por Mario Abdo Benítez implica principalmente “no molestar a los correligionarios”, sin importar lo que hayan hecho o lo ineptos que sean.

La Cámara de la Vergüenza nunca pierde oportunidad para validar su título de ser lo más rastrero que tiene nuestro país. Lo último fue el rechazo a la interpelación del presidente de la Essap, Natalicio Chase, más que justificada ante los sufrimientos y humillaciones que pasa la gente todos los días. Rendir cuentas es una obligación de todos los servidores públicos en cualquier democracia, menos en la nuestra. En Paraguay, los funcionarios no aceptan que son servidores pagados por el pueblo con sus impuestos, con lo cual, dar explicaciones es ofensivo para su ego. Creen que el cargo les pertenece, y esta idea retrógrada proviene casi siempre de la manera en que llegan a ocuparlos. No se los ganaron con méritos propios o por idoneidad, sino porque son amigos del Presidente, sus punteros en elecciones que arrean gente para votar, chupamedias que llevan serenatas a sus líderes, al más puro estilo estronista. Pero la posición de los diputados no es una casualidad, sino que responde a un criterio que baja desde las más altas esferas del Gobierno. La “Operación cicatriz” impuesta por Horacio Cartes y aceptada gustosamente por Mario Abdo Benítez implica principalmente “no molestar a los correligionarios”, sin importar lo que hayan hecho o lo ineptos que sean. El mismo Presidente dijo recientemente que ya no estaba para “pelearse con nadie”, detrás de lo cual necesariamente se lee la palabra “IMPUNIDAD”. Estos pactos entre impresentables sellados por los “líderes” colorados no tendrían mayor importancia si les afectaran a ellos únicamente, pero claramente no es así. Los únicos perjudicados son los ciudadanos, que deben soportar inutilidad, malos servicios por carencia de recursos, que son robados por delincuentes vestidos de funcionarios. Cuando el agua o la energía eléctrica se cortan, empiezan las estúpidas explicaciones de falta de infraestructura e inversión. Lo que no dicen estos inútiles es que su bando político es el que se pasa esquilmando las arcas del Estado, para comprarse mansiones, enormes camionetas y quintas de veraneo. El rechazo de la interpelación de Chase es una movida más en el plan de impunidad, gracias al que diputados procesados como Ulises Quintana (asociación criminal y presunto narcotráfico), Carlos Portillo (tráfico de influencias), Miguel Cuevas (enriquecimiento ilícito) y Tomás Rivas (estafa y cobro indebido de honorarios) siguen ofendiendo a la ciudadanía desde sus bancas y no han perdido su investidura. Todos tienen en común haber participado presuntamente de actos de corrupción, pública o privada, por lo que son dignos representantes de la Cámara de los sinvergüenzas. Por el mismo acuerdo, el Gobierno colorado estrocartista de Mario Abdo Benítez no ha impulsado ninguna acción contra los delincuentes del Metrobús, del intento de tráfico de energía de Itaipú, del intento de atropello de la Constitución en el 2017, y podríamos seguir citando otros hechos punibles que son metidos bajo la alfombra colorada de la “Operación cicatriz”. Lo último que nos obsequió o refregó en la cara este Gobierno es el veto a la ley que pretendía incluir los ingresos de las binacionales en el Presupuesto general para darle un uso institucional a recursos del pueblo. Mario Abdo Benítez prefiere seguir manejando esos fondos, que son de todos los paraguayos, a espaldas de los ciudadanos, para poder comprar voluntades cuando sea necesario. Es por eso que lo sucedido con el incompetente presidente de Essap, o mejor dicho, con los sinvergüenzas de la Cámara “baja”, impidiendo que el funcionario explique la situación de cara a la ciudadanía, es una muestra de cómo decidió el estrocartismo gobernar en la sombra. Están vigentes las consignas implantadas a sangre y fuego por el dictador: para los amigos todo, para los enemigos garrote, y para los indiferentes, la ley. Seguiremos observando, de parte del Gobierno y sus parásitos acomodados, actos de indiferencia hacia la gente. Ellos se esmeran y son eficientes para robar, enriquecerse, comprar cédulas en elecciones y llevar serenatas a sus líderes . En algún momento, más allá de los pactos de impunidad, deberán rendir cuentas ante tribunales y fiscales probos, respetuosos de la ley, que no estén alquilados con el dinero sucio que roban todos los días al pueblo. Más temprano que tarde, no habrá salida que les salve de terminar detrás de las rejas, a donde pertenecen realmente.