EDITORIAL

Premian a funcionarios por cumplir con su deber. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, ya aprobado por la Cámara de Diputados, que suspende por el ejercicio 2021 el pago de la participación en las multas de los funcionarios de la SET, de Aduanas y del MIC. Seguidamente, los sindicatos de la SET exhortaron a sus afiliados a expresar su desacuerdo y dirigirse a la Cámara Alta para que, presionada por los manifestantes, resuelva hoy mantener ese irritante privilegio. La regla de la participación en las multas de quienes sirven en los tres organismos antes citados es inconstitucional, porque viola el principio de igualdad ante las leyes. Muchas otras instituciones también imponen multas, pero su personal no se embolsa una parte de ellas. Es de esperar que los senadores sepan resistir a quienes están mucho más interesados en recaudar para sus bolsillos que para el fisco.

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, ya aprobado por la Cámara de Diputados, que suspende por el ejercicio 2021 el pago de la participación en las multas de los funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Seguidamente, los sindicatos de la SET exhortaron a sus afiliados a expresar su desacuerdo y dirigirse a la Cámara Alta para que, presionada por los manifestantes, resuelva hoy mantener ese irritante privilegio. De entrada, es repudiable que “servidores públicos” –muy bien atendidos a costa de los contribuyentes– pretendan coaccionar a los legisladores, en defensa de un interés sectorial contrario al de la nación. En rigor, la debida lealtad al Estado tendría que impedirles todo acto que implique someter a sus Poderes a apremios, por el motivo que fuere.

Quienes se muestran más beligerantes en el afán de seguir quedándose con un porcentaje de las multas cobradas, son justamente los de la SET, otrora encabezada por la Lic. Marta González Ayala, quien en junio de 2018 se embolsó en tal concepto más de 70 millones de guaraníes, con lo que su ingreso llegó ese mes a unos 90 millones. La norma aún vigente dice que el funcionario actuante es el denunciante de toda infracción a la Ley de Reforma Tributaria y que tiene derecho hasta al 50% de las multas cobradas al transgresor. También dispone que el producto de la participación en la multa debe distribuirse entre los funcionarios de la administración tributaria, mediante un sistema equitativo reglamentado por ella. La suma distribuida el año pasado, entre los algo más de 700 funcionarios de la SET, fue de nada menos que ¡25.000 millones de guaraníes!, lo que explica el fervor con que se aferran a la repartija por cumplir con su deber. Dicho sea de paso, los viceministros del Poder Ejecutivo, como lo fue la referida licenciada, no son considerados funcionarios por la Ley Nº 1626/00, aunque es obvio que ejercen una función pública.

La regla de la participación en las multas de quienes sirven en los tres organismos antes citados es inconstitucional, porque viola el principio de igualdad ante las leyes. Muchas otras instituciones también imponen multas, pero su personal no se embolsa una parte de ellas. Y conste que la Ley Nº 1626/00 prescribe que los funcionarios tienen derecho a “la igualdad, sin discriminación alguna, de oportunidades y de trato en el cargo”, debiendo entenderse que esa igualdad debe reinar no solo dentro de una misma entidad, sino también entre los servidores públicos en general. No debe haber funcionarios de primera y de segunda, y en este punto debe destacarse también que la desigualdad existe en una misma institución entre los afortunados que fueron elegidos por el jefe para cobrar las multas y quienes no.

En consecuencia, atendiendo lo señalado, la igualdad no debe restablecerse extendiendo a todos ellos la participación en la pena pecuniaria, sino más bien eliminándola y no solo suspendiendo su pago el próximo año. Además, nadie debe lograr una remuneración adicional por el simple hecho de cumplir con su deber. La tajada de una multa no es menos ridícula que la bonificación por “presentismo”.

El Código Procesal Penal obliga a los funcionarios a denunciar los delitos que conozcan en el ejercicio del cargo, siendo absurdo que quien crea haber detectado una evasión impositiva, un contrabando o un plagio sea premiado por obedecer esa norma. Es lo mismo que se pagaran extras a los policías que descubren y resuelven un delito, a veces a riesgo de sus vidas. Pero estos no reciben el premio. Se puede mencionar también que un ciudadano cualquiera que denunciara esos hechos punibles o alguna infracción a la ley tributaria, aduanera o industrial y comercial, no se queda con un solo centavo de la multa cobrada, y está muy bien que así sea. Lo injusto es que funcionarios que ya cobran un sueldo para cumplir una determinada tarea, tengan que cobrar también después –y mucho– por el trabajo realizado.

Se aduce que este sistema busca evitar que los burócratas actuantes sean sobornados, o sea, que se les recompensaría por no delinquir. Por cierto, la colosal evasión fiscal del clan de los González Daher no fue revelada por la SET, sino por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y por el Ministerio Público, a partir de publicaciones de este diario. Huelga decir que ninguno de los funcionarios, agentes fiscales o periodistas intervinientes le dará un mordisco a la multa de diez millones de dólares, y eso es correcto.

Ya en 2017, la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Asunción afirmó que el 100% de las multas debería destinarse a rentas generales, dentro del Presupuesto nacional, para ser reasignado a “otros sectores más necesitados” que el funcionariado de la SET. Es lo que corresponde, al igual que en el caso de los enchufados en la DNA y el MIC, ya que una sanción pecuniaria no debe servir para enriquecer a nadie. En general, los funcionarios gozan de privilegios indebidos, pero hay quienes los tienen aún más que otros y anhelan preservarlos a toda costa. No tienen sentido del servicio público, sino del autoservicio: ocupan un cargo solo en beneficio propio, sin importarles un bledo el bien común.

Es de esperar que los senadores sepan resistir a quienes están mucho más interesados en recaudar para sus bolsillos que para el fisco y que hasta son capaces de insinuar una huelga de brazos caídos si tan solo se les privara durante un año de unos ingresos jurídica y moralmente repudiables. Estas absurdas regalías deben desaparecer de una vez por todas porque, cabe reiterar, nadie debe ser premiado por cumplir con su obligación. Es hora de ir cerrando los grifos por los que se escurre indebidamente el dinero de todos.