Autoridades y piqueteros institucionalizan la violencia.

Mientras los senadores Víctor Ríos, Rodolfo Friedmann y Hugo Richer se llenaban la boca en el Senado diciendo que “no hay que criminalizar las luchas de los campesinos”, los piqueteros que ocuparon espacios públicos en Asunción molían a golpes al ciudadano paraguayo Juan Martínez por el “delito” de tener que pasar por una calle clausurada por estos “campesinos” prohijados por los aludidos legisladores. Denunciar los crímenes de los “campesinos” es, para ellos, “criminalizar las luchas de los campesinos”. El mismo Gobierno que hace la vista gorda con los piqueteros sin tapabocas ni distanciamiento, pone hoy en vigencia una ley del uso obligatorio de mascarillas y profiere amenazas de aplicarnos de vuelta un toque de queda de facto, disfrazado como “cuarentena”, e impone restricciones a peregrinantes a Caacupé.

Mientras los senadores Víctor Ríos, Rodolfo Friedmann y Hugo Richer se llenaban la boca en el Senado diciendo que “no hay que criminalizar las luchas de los campesinos”, los militantes de varias organizaciones agrupadas en la hoy denominada Unidad Campesina, Indígena y Popular (UCIP) molían a golpes al ciudadano paraguayo Juan Martínez por el “delito” de tener que pasar por una calle clausurada por estos “campesinos” prohijados por los aludidos legisladores.

Denunciar los crímenes de los “campesinos” es, para Ríos, Friedmann y Richer, “criminalizar las luchas de los campesinos”. Juan Martínez relató que se salvó de que le rompieran la cabeza porque tenía puesto el casco, y que el palo con que le golpearon le destrozó la visera, además de lastimarle los brazos. Cuando les requirió a sus atacantes el motivo de tanta violencia, estos “campesinos” apadrinados le gritaron: “para que nos respetes”. Se consideraban dueños del lugar, y, en verdad lo eran ante la inutilidad de la Policía y la Fiscalía. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Tte. Fariña y Yegros, donde Martínez esperó largamente que la comisaría jurisdiccional le tome la denuncia.

Consultada sobre los hechos, Teresa Sosa , la fiscala estrella del Ministerio Público para someter al pueblo paraguayo a las medidas sanitarias contra el covid-19, sostuvo, sin ponerse colorada, que “cuando hay conductas incorrectas, la Policía debe avisar al Ministerio Público si hay un hecho punible. La autoridad administrativa es la Policía y el Ministerio del Interior”, queriendo tomar por idiotas e ignorantes a todos los ciudadanos, que saben que los fiscales están obligados a intervenir de oficio porque así se lo ordenan el Artículo 268, inciso 3, de la Constitución y los artículos 18 y 290 del Código Procesal Penal.

La fiscala que imputó a muchísimos de los más de diez mil compatriotas procesados por violar disposiciones sanitarias, dice ahora que los fiscales necesitan aviso cuando los piqueteros, los “campesinos” de Ríos, Friedmann y Richer, se aglomeran en la vía pública violando la “ley del marchódromo” y sin cumplir ninguna disposición contra el covid-19, poniendo en jaque la salud pública y mientras a los trabajadores se les imponen restricciones con esa excusa.

El mismo Gobierno que hace la vista gorda con los piqueteros sin tapabocas ni distanciamiento, pone hoy en vigencia una ley del uso obligatorio de mascarillas y profiere amenazas por boca del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, de imponernos de vuelta un toque de queda de facto, disfrazado como “cuarentena”.

El mismo Gobierno que protege a los violentos piqueteros, reprime a los creyentes católicos imponiendo estrictas restricciones a la fiesta de Caacupé con la excusa del covid-19, que no usa para los citados “campesinos”. El Gobierno que pretende entregar a la ACIP y a sus cómplices 25 millones de dólares en años electorales, suspendió la mayor celebración católica del país con la excusa de evitar las aglomeraciones que permite a los piqueteros.

Mientras los senadores Ríos, Friedmann y Richer sostenían que “no hay que criminalizar las luchas campesinas”, sus piqueteros destrozaban negocios sobre la calle Yegros. El ministro del Interior denomina a esos hechos “derecho de manifestación” y achaca la responsabilidad del mantenimiento del libre tránsito a la Policía Municipal de Tránsito, agregando mentiras oficiales a las de los fiscales, pues impedir el tránsito es un delito cuya prevención cae de lleno y en exclusiva bajo jurisdicción de la Policía Nacional, según el artículo 175 de la Constitución y el artículo 6 de la Ley Orgánica Policial. Pero es más fácil practicar el deporte preferido por nuestras autoridades para justificar su inutilidad: tirarse la pelota.

El Gobierno está alentando una cultura de violencia manejada por “caciques” políticos que es muy peligrosa y de difícil reversión. Estos “caciques” ordenan a sus piquetes desatar, protegidos por fiscales y policías, violencia indiscriminada contra la ciudadanía para que senadores populistas justifiquen la entrega de dinero de los contribuyentes a organizaciones como la ACIP, con la excusa de “evitar la violencia”.

Así llevan recaudados, según recuento del diputado Sebastián Villarejo, mil doscientos millones de dólares desde 2003, vía “rubro 800” del presupuesto general de gastos.

El gobierno y sus aliados en el Senado obtuvieron así ayer que veintisiete senadores mantuvieran la entrega de todavía más recursos, 25 millones de dólares, a estos violentos piqueteros, criminales, aunque nuestras autoridades pretendan disfrazarlos de campesinos.