Otro vergonzoso blanqueo en un caso de corrupción
■ Parlasuriano Milciades Duré y Justo Gamarra, intendente de Iruña, fueron absueltos; hay un prófugo
■ Juicio fue por compra irregular de tierras por el Indert durante el gobierno de Federico Franco
■ Perjuicio al Estado fue de G. 60.000 millones y la Fiscalía pidió 5 años y 5 meses de prisión
■ Tribunal estuvo integrado por Juan Pablo Mendoza, Laura Ocampo y Fabián Weinsensee
El caso San Agustín quedó en el oparei ayer porque los acusados, entre ellos el parlasuriano Milciades Duré y el intendente de Iruña, Justo Gamarra, ambos liberales llanistas, fueron absueltos. Para la fiscalía las compras de tierras ocasionaron al Estado un perjuicio de G. 60.000 millones. Sigue prófugo el extitular del Indert Luis Ortigoza.
Un Tribunal de Sentencia presidido por Juan Pablo Mendoza e integrado por Laura Ocampo y Fabián Weinsensee, absolvió de culpa y pena al parlamentario del Mercosur Milciades Duré y al intendente de Iruña Justo Gamarra.
Los dos eran miembros de la Junta Asesora del Indert que avaló la compra, en el año 2012, de las cuestionadas tierras ligadas al exsenador Jorge Oviedo Matto.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción solicitaron una pena de 5 años y 5 meses de cárcel para los acusados por lesión de confianza por la compra irregular de tierras de la firma San Agustín, ubicadas en el departamento de Cordillera.
Destacó que cinco informes periciales prueban que las tierras son inservibles y que apenas uno indicaba que el tres por ciento era moderadamente apto para el uso, pero que igual se tenía que trabajar la tierra.
Sin embargo, el Tribunal fundamentó que en la constitución realizada en las tierras en cuestión observaron que eran productivas, que tenían producción de ladrillos, tanque de tilapia y otros, además de cultivos para subsistencia.
Esa diligencia fue determinante para demostrar la inconsistencia de la acusación. concluyeron los jueces.
El fiscal Estigarribia anunció que apelará la resolución ya que considera que la investigación está bien hecha y demuestra que las tierras están en zonas inundables. Indicó que el hecho de que la zona esté colonizada no quiere decir que las tierras estén aptas para los fines de la reforma agraria.
Indicó que tampoco, por la presencia de diez vacas en el lugar se puede concluir que el suelo es apto para la actividad agroganadera.
Añadió que para la compra de las tierras no hubo delimitación de mojones, ni tampoco un censo al momento de la compra.
El tribunal anunció que el próximo viernes procederá a la lectura íntegra de la sentencia.
El juicio oral se inició el pasado 4 de agosto de 2020 y recién culminó ayer.
La recarga de trabajo de los jueces hizo que el caso se desarrolle una vez a la semana, motivo por el cual terminó recién ayer.