Piden extender horario o controlar venta furtiva
El abogado Waldino Lovera López, con cédula de identidad 1.628.789, y Pulciano Villalba Martínez, con C.I 1.588.210, presentaron una denuncia de presuntos hechos punibles contra el Estado Paraguayo, supuestamente propiciado por funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. Los mismos presentaron la acción señalando a la presidencia del ente que la finca 1.297, padrón 1664, del distrito de Minga Guazú, departamento del Alto Paraná, que al 24 de diciembre del 2020 se encontraba con 70 hectáreas de cultivos de soja, explotadas por terceras personas, ajenas a la reforma agraria.
“No tenemos otra opción que reclamar de la presidente del Indert, Gail González Yaluff, su inmediata constitución en el lugar, finca 1297, padrón 1664, del distrito de Minga Guazú, propiedad del Indert, a los efectos de verificar in situ la comisión de hecho punible contra el Estado paraguayo”, señala el escrito presentado ante el Ministerio Público, el día 13 de enero y recepcionado por el abogado Carlos Ferreira.
Los denunciantes piden que se inicien las investigaciones correspondientes a fin de establecer la comisión de los hechos punibles a determinar, denunciar a los autores, cómplices y encubridores de las irregularidades respecto al manejo del patrimonio del Estado.
Se trataría de tierras públicas mal adjudicadas, por lo que pide realizar y practicar todos los medios de pruebas establecidos en el Código Procesal Penal vigente y comunicar al procurador general de la República, para que cumpla con su rol de velar por los bienes patrimoniales del Estado.
La denuncia de Lovera no es un hecho aislado, son incontables los casos similares sin documentar, así como también los documentados que finalmente quedan impunes.
Así, por ejemplo, otro caso denunciado fue el de la Colonia 8 de Diciembre de
Itakyry, departamento de Alto Paraná, en el que el Indert entregó y tituló lotes agrícolas de 8 hectáreas a Noemí Gutiérrez Estigarribia, Mirna Mariela Gutiérrez Estigarribia, Guliana Insfrán Riveros, entre otros, que son familiares de policías que sirven en la institución.
Y aunque eventualmente calificaran como “sujetos de la reforma agraria”, hasta días atrás los lotes otorgados a dichas personas no contaban con habitantes, ni siquiera alguna casita de madera para disimular, sino solamente a cultivos de soja.
La titular del ente, Gail González Yaluff, anunció la intervención de dicha colonia.
“Desde los sectores que operan en el comercio en la formalidad, vimos que se está saliendo de control el expendio y venta de bebidas después de la hora 22:00”, señaló en una entrevista, el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky.
Destacó que a partir de las 22:00 surge la venta de productos de contrabando, sin facturación contable y sin la más mínima medida sanitaria.
“Entonces, en conjunto, la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), la Asociación de Bodegas del Paraguay (ABP), la Cámara Paraguaya de Bebidas Alcohólicas (CAPABA), la cadena Biggie Express y la Capasu, lo que proponemos es que si el objetivo de que la gente no compre alcohol después de las 22:00 no se logra, debido a la venta informal, que se nos permita a los formales venderlo; o bien, que los controles se hagan con eficiencia para que puedan neutralizar a los que venden por fuera del horario establecido”, expresó Sborovsky.
El titular de Capasu señaló que la restricción horaria establecida en el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 4455, limita la venta y el expendio de bebidas alcohólicas hasta las 22:00. Sin embargo, es de público conocimiento y de gran difusión en las redes sociales, un auge inusitado de venta en lugares físicos que incumplen las reglas, además de ventas por teléfono, WhatsApp y envíos de delivery a cualquier hora de la noche y madrugada sin ningún tipo de control ni sanción por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir el decreto.
Remarcó que la falta de control y de sanción de parte de las autoridades genera un grave daño a los negocios formales. Añadió que estos, en muchos casos, se ven obligados a cerrar o en la dolorosa realidad de tener que suspender o prescindir de colaboradores, generando un impacto económico y social a un sector importante de la población.