Gastan a cuenta de la renegociación de Itaipú.

En la última década, los Gobiernos de turno, con la corresponsabilidad de las distintas corrientes políticas en el Congreso, casi sin excepción, han estado incrementando desmedidamente el gasto público y endeudando irrefrenablemente al país, especialmente en 2020 con la excusa del covid. Si la situación ya era preocupante antes, se volvió angustiante ahora. El déficit trepó al 7,2% del PIB, cinco veces por encima del tope de la ley de responsabilidad fiscal, y la deuda se disparó a 12.000 millones de dólares, 33,5% del PIB, cuatro veces más que en 2010. Hablan de reformas y de un plan de convergencia para volver a un relativo equilibrio en un lapso de cuatro años, pero ni ellos mismos se creen. Sin decirlo, en realidad apuestan todas las fichas a un supuesto as bajo la manga: Itaipú, cuyo Anexo C debe revisarse en 2023. Nadie puede predecir el resultado de esta negociación, pero los políticos hace rato han comenzado a gastar a cuenta.

En la última década, los Gobiernos de turno, con la corresponsabilidad de las distintas corrientes políticas en el Congreso, casi sin excepción, han estado incrementando desmedidamente el gasto público y endeudando irrefrenablemente al país, especialmente en 2020, con la excusa del covid. Si la situación ya era preocupante antes, se volvió angustiante ahora.

El déficit trepó al 7,2% del PIB, cinco veces por encima del tope de la ley de responsabilidad fiscal, y la deuda se disparó a 12.000 millones de dólares, 33,5% del PIB, cuatro veces más que en 2010. Hablan de reformas y de un plan de convergencia para volver a un relativo equilibrio en un lapso de cuatro años, pero ni ellos mismos se creen. Sin decirlo, en realidad apuestan todas las fichas a un supuesto as bajo la manga: Itaipú.

El 13 de agosto de 2023 se cumplirán 50 años de vigencia del Tratado de Itaipú, plazo establecido para la revisión de los términos de su Anexo C. Pocos tienen una idea acabada de qué exactamente ello significa y ciertamente nadie puede predecir el resultado de la próxima negociación, pero los políticos hace rato han comenzado a gastar a cuenta.

El Anexo C del Tratado de Itaipú regula las bases financieras y la prestación de servicios de electricidad de la hidroeléctrica binacional. Allí se establece, por un lado, que la central trabajará sin fines de lucro, es decir, su tarifa será igual a la totalidad de sus costos.

Actualmente la tarifa de Itaipú es de 43 dólares el megavatio/hora (cifra aproximada, ya que Itaipú vende potencia, no directamente electricidad), con lo cual debe cubrir amortización, intereses y comisiones de su deuda, cuyo saldo ronda aún los 5.000 millones de dólares, y todos sus gastos de operación, incluidos el pago de personal, equipamiento, servicios, mantenimiento, como también royalties y los llamados “gastos sociales”. (En la práctica la tarifa que paga la ANDE puede bajar a un promedio de 30 dólares el MW/h debido a que contrata una porción de energía “no garantizada”, que es más barata).

Por otro lado, el Anexo C también establece que toda la potencia debe estar contratada por la ANDE y Eletrobras, o por las empresas por estas designadas, y que si una parte no va a usar su 50% debe cederle a la otra su excedente a cambio de una compensación.

En números redondos Itaipú, con una capacidad instalada de 14.000 MW (disponible 12.135), genera entre 70 y 100 millones de MW/h por año, de los cuales supuestamente el 50% corresponde a Paraguay. Pero como la ANDE nunca ha alcanzado a usar su mitad, Eletrobras se queda con los excedentes paraguayos y Brasil paga a Paraguay una “compensación” que más se parece a una migaja si se la compara con el precio de mercado de la energía, aun después del acuerdo Lugo-Lula del que tanto se jactan los luguistas.

La ANDE apenas ha consumido el 8% de la energía de Itaipú desde que comenzó a generar en 1984. Hoy consume alrededor del 20% del total, lo que equivale al 40% de su mitad, con lo cual Eletrobrás se sigue llevando anualmente entre 21 y 30 millones de MW/h que son de Paraguay.

Lo ideal sería que, tras la renegociación, Brasil accediera a pagar el precio de mercado por el excedente paraguayo. Para entonces, según el cronograma de amortización, la deuda de Itaipú estará saldada, por lo que se estima que su tarifa (precio de costo) debería bajar de 43 a unos 17 dólares el MW/h (depende mucho de la generación, pero para tener una idea). Si se considera que el precio de mercado regional de electricidad es de 100 dólares el MW/h o más, Brasil tendría que pagar 17 dólares a Itaipú y 83 a Paraguay. Por 21 millones de MW/h, nuestro país debería percibir cuando menos 1.743 millones de dólares al año, contra los 200 o 300 millones que percibe actualmente, ya con el “generoso” aumento de la compensación que le concedió Lula a Lugo, de 3 a 9 dólares el MW/h.

A eso están apostando calladamente los Gobiernos, los políticos y no pocos analistas, con la codiciosa ilusión, por decir lo menos, de que hay mucho margen para despilfarrar (y robar) ahora, total pronto lloverán ingresos de Itaipú que permitirán hacer borrón y cuenta nueva.

De más está decir que una cosa es cifrar expectativas en ello, y otra muy distinta conseguirlo. Brasil es un país poderoso y Paraguay tiene pocas herramientas efectivas para imponer su posición, por mucha razón que le asista. Pero aun si la negociación realmente arrojara importantes beneficios para el país, que ojalá sea el caso, esos recursos deberían ser utilizados para el desarrollo nacional, para construir infraestructura, para elevar el potencial de crecimiento, para expandir las oportunidades de las próximas generaciones, no para saldar las hipotecas del pasado.