Hacienda ratifica que no pagará “aumentos mau”
El Ministerio de Hacienda ratificó su posición de no pagar los denominados “aumentos mau” incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2021, salvo que se realicen los concursos como manda la ley de la Función Pública.
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, aseguró ayer a ABC que en el proyecto de decreto que reglamenta la Ley N° 6672 de Presupuesto se establecerá para estos casos un procedimiento similar a la de años anteriores, para la liquidación de los salarios desde este fin de mes.
El proyecto de decreto reglamentario será remitido antes de fin de enero a consideración de la Presidencia de la República para su puesta en vigencia, luego le seguirá el plan financiero y, por último, el plan de caja para la ejecución del gasto.
Llamosas dejó en claro que salvo que se realicen los concursos establecidos en la Ley Nº 1626 de la Función Pública, no se abonarán los incrementos y los que fueron beneficiados en forma directa por el Congreso, seguirán percibiendo el mismo monto del año pasado.
Lo que se conoce como “aumentos mau”, fueron incluidos en el presupuesto de 2019 por el Parlamento modificando el anexo de personal de diferentes instituciones, para favorecer a operadores políticos, sindicalistas o algunos amigos de los legisladores, según trascendió en ese entonces.
La suba saltó en el sistema en enero de ese año cuando Hacienda realizaba los procesos para pagar el primer sueldo del año, por lo que optó por dejar sin efecto y establecer por decreto que los beneficiarios iban a seguir cobrando el mismo sueldo de diciembre de 2018.
El año pasado se aplicó esta misma disposición, pero para el presente ejercicio en que se vienen las elecciones internas partidarias y luego las elecciones municipales, las presiones para pagar ya vienen desde el tratamiento del proyecto de presupuesto 2021 en Parlamento, ocasión
en que los legisladores manifestaron que debían pagarse.
El beneficio alcanza a un grupo de funcionarios de nueve instituciones que forman parte de la administración central y de las entidades descentralizadas, con un costo de más de G. 6.497 millones (US$ 916.243), según los datos que fueron expuestos en la sesión de la Cámara de Diputados cuando se sancionó el PGN 2021.
Ya en aquella oportunidad el titular de Hacienda afirmó que no se pagarían sino cumplían con las condiciones mencionadas en la ley, una medida dispuesta desde el primer momento y que nunca se llevó a cabo en las instituciones. En contrapartida, algunos funcionarios afectados recurrieron con una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y consiguieron fallos favorables.
Llamosas indicó que el año pasado no se dio ningún caso y esperaba que este año siga así, pero que de darse una resolución de la Corte tendrán que cumplir.