Investigan “acuerdo” de primo del presidente Abdo con el clan Ferreira
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) abrió una investigación sobre el acuerdo entre un primo hermano del presidente de la República y el clan Ferreira. Recordó que el ocultamiento de beneficiarios de empresas para evadir inhabilidades puede traer consecuencias jurídicas.
El director de Contrataciones, Pablo Seitz, indicó que la antigüedad exigida para una licitación no puede ser modificada por acuerdos entre partes, como lo hicieron Survycon SA y el clan Ferreira para participar de contratos relacionados a insumos médicos. Confirmó que se iniciará una investigación para determinar responsabilidades y, eventualmente, presentar algún tipo de informe ante la Fiscalía por este nuevo caso de “prestanombres”.
Fernando Benítez Pappalardo, primo hermano de Mario Abdo Benítez y propietario de Survycon SA, confirmó que para poder participar de licitaciones públicas puso sus acciones a nombre de Justo Ferreira, propietario de Imedic y Eurotec.
Consultado sobre si eso está permitido legalmente, Seitz explicó esta mañana que la Ley de Contrataciones solo autoriza el consorcio o la subcontratación para las licitaciones.
Explicó que, en los casos de prestanombres, obliga a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a investigar ambos lados del acuerdo: al que prestó el nombre y al que lo usó “prestado”.
“Porque la ‘simulación’ -que es el nombre técnico del
prestanombres- es un derecho que si es realizado con fines ilícitos origina consecuencias negativas para ambas partes de ese acuerdo. Si hay un acuerdo que busca burlar algún tipo de inhabilidad, prohibición o consecuencia no deseada que tendría la presencia real de la persona que es verdadera dueña del negocio, entonces ese acuerdo origina consecuencias jurídicas para ambas”, puntualizó.
Aseguró que el requisito de tener antigüedad en el rubro es un elemento que no puede ser alterado mediante un acuerdo entre dos partes, como fue lo que hicieron Benítez Pappalardo y Ferreira. Agregó que el análisis sobre ese punto se debe realizar midiendo los estatutos de las firmas, los registros públicos y hasta la facturación que compruebe la experiencia en el rubro.
Sobre el caso puntual, señaló que se debe analizar de qué exactamente habla Benítez Pappalardo al confirmar que Ferreira fue su prestanombres. Consultado sobre si la DNCP realizará una investigación sobre el caso, aseguró que el 85% de las investigaciones que realiza la institución están relacionadas a la prensa.
Con respecto a cómo accionarán en este caso, dijo que en general ellos primero solicitan información a varias empresas y entes reguladores para ver si encuentran alguna irregularidad y seguir investigando.
Además, señaló que la ley prevé la anulación de todo el proceso licitatorio y la comunicación a instituciones como Tributación, Contraloría, Conacom y hasta la Fiscalía en caso de hallar irregularidades.
Benítez Pappalardo confirmó a ABC Color que él es propietario de la firma y aseguró que Ferreira no tiene ningún vínculo, aunque luego reveló que este último le prestó el nombre de su empresa para que pudiera concursar en las licitaciones públicas.