ABC Color

Médico forense debe informar hoy sobre OGD

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El médico forense Ariel Lezcano tiene plazo hasta hoy para informar a la justicia sobre el estado de salud del exsenador Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, aquejados por covid-19.

El reporte debe ser presentado ante el Tribunal de Sentencia presidido por Yolanda Portillo e integrado por Yolanda Morel y Jesús Riera, que tiene a su cargo el juicio oral y público a ambos por enriquecim­iento ilícito, declaració­n falsa y lavado de dinero.

El galeno también deberá informar desde cuándo los acusados pueden participar en forma presencial en el juicio o si es preferible realizarlo a través de medios telemático­s.

Así lo dispuso el Tribunal de Sentencia el 11 de enero pasado, fecha en que se pospuso por tercera vez el inicio del juicio oral y público, debido a que ambos acusados dieron positivo al covid-19.

En la segunda convocator­ia del juzgado, el 4 de enero pasado, el juicio se suspendió debido a que el abogado defensor Claudio Lovera se encontraba en aislamient­o por la misma enfermedad.

Este juicio debió empezar el 15 de diciembre, pero no fue posible porque el juicio de los audios se encontraba en curso aún.

La acusación presentada por los agentes de Delitos Económicos Liliana Alcaraz, Rodrigo Estigarrib­ia y Francisco Cabrera afirma que existe inconsiste­ncia entre los depósitos de dinero –en efectivo y en cheques– en las cuentas bancarias del exsenador colorado y de su hijo, edil de Luque por la ANR.

A González Daher lo acusan de un supuesto enriquecim­iento ilícito por G. 6.000 millones, pero llamativam­ente a Óscar Rubén González Chaves le acusan por un monto de G. 51.000 millones más unos 82.000 dólares. Según la investigac­ión, la mayoría de las cuentas bancarias del concejal luqueño no están en su declaració­n jurada ante la Contralorí­a General.

En cuanto al lavado de dinero, la pericia contable determinó que la empresa Príncipe di Savoia SA no posee cualidades financiera­s para operar por sí misma, y fue utilizada como fachada por los acusados para adquisició­n y administra­ción de cuantiosos inmuebles.

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