Estudiante de Otaño afronta juicio oral
ENCARNACIÓN (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). Para este viernes 22 de enero está previsto el inicio de un juicio oral por presunta difamación y calumnia entablada por el presidente de la seccional colorada de Mayor Otaño, Leonardo Avel Sánchez Cabrera, contra el estudiante Nelson Maciel. Esta es la segunda querella que soporta el dirigente estudiantil, quien tiene en desarrollo un juicio oral promovido por el intendente municipal de ese distrito, Pedro Chávez (ANR), también por difamación y calumnia.
En octubre de 2019, bajo patrocinio del abogado Cristian Fretes Vera, el dirigente político entabló una querella autónoma por calumnia en contra de Maciel. Fue por las declaraciones públicas del joven dirigente, quien encabezaba un grupo de estudiantes en protestas contra el intendente municipal, Pedro Chávez, por presuntas irregularidades en el uso de recursos municipales provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Maciel había hecho público durante las manifestaciones que el presidente de seccional había amenazado a su madre del joven, Noelia Maciel, con que perdería su puesto de trabajo –se desempeñaba como lavandera en el centro de salud distrital– si no hacía callar a su hizo y que no siga con las protestas, y que incluso la seguridad del joven estaba en peligro.
Estas afirmaciones fueron calificadas como lesivas por parte del político, quien decidió presentar una querella contra el dirigente estudiantil.
Por su parte el querellado dijo estar tranquilo ante las demandas, y calificó a la acción promovida por los políticos como una guerra de desgaste y un intento por acallar las voces de protesta en la comunidad.
Dijo sentirse sereno, pues tiene el apoyo moral de mucha gente, en cambio sus denunciantes sí tienen en su contra elementos que prueban que las denuncias realizadas son valederas. Mencionó que un informe de la Contraloría General de la República efectivamente detectó irregularidades en la administración municipal, y su madre, quien trabajaba como limpiadora, finalmente fue despedida del trabajo, y luego de que el hecho tomó estado público fue contratada como funcionaria por orden expresa del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.