De chambonadas y licitaciones a medida
La velocidad con que se realizó la adjudicación del edificio para sede central del Crédito Agrícola de Habilitación a la superproveedora Engineering hizo que en el contrato se detallaran otras obras por “error”. En tanto, la gente empieza a protestar con pasacalles ante la polémica pasarela de los US$ 2,1 millones. Gremio de metalúrgicos advierte sobre licitaciones a medida. (Foto FB Aló René)
El Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME) informó en un comunicado que desde el inicio de este Gobierno han constatado y alertado a las máximas autoridades sobre los llamados a “medida”. Según el escrito del gremio, las licitaciones presentan “exigencias y cláusulas absurdas”, además de “inconducentes y temerarias”, que atentan contra el fomento de la libre competencia, que exige la ley 2051 de Contrataciones Públicas.
En este sentido, señalaron que con fecha del 13 de mayo del 2019, reclamaron a las autoridades del MOPC la inclusión de exigencias “innecesarias” en las licitaciones de iluminación de tramos de rutas nacionales, ya que con ello “eliminaron una mayor variedad, calidad y cantidad de oferentes”.
Tales reclamos no fueron atendidos o corregidos y la cartera de Estado terminó pagando 4.548 millones de guaraníes de más por dicha licitación. “A la fecha se siguen utilizando las mismas prácticas con la consiguiente limitación, y por ende, eliminación de buena y mayor cantidad de oferentes”, expresa.
Justamente, la conocida como la superproveedora, Engineering SA, ganó una licitación de Obras Públicas para la instalación de sistemas de iluminación “Led Solar” en las rutas del país, en la que el contrato original de la firma para esta tarea era de G. 17.615 millones, pero terminará costando G. 21.138 millones, llegando así al 20% de aumento.
Asimismo, el gremio también señaló que prueba de la falta de competencia es la aprobación de la pasarela de Ñandutí, con participación de un solo oferente, existiendo en el país varias empresas “suficientemente capacitadas para participar y competir en dicha licitación”. “Con estas prácticas se reduce la cantidad de ofertas al mínimo, se propicia la colusión, se logran montos exorbitantes a pagar con nuestros impuestos o a través de los préstamos, por la falta de competencia genuina”, resalta el escrito.
Al mismo tiempo, el CIME exigió a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que asuma su rol y se asegure del estricto cumplimiento de la Ley 2051, cuyo artículo 20, indica de “no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas”. “Solicitamos la corrección necesaria y debida en las acciones”, agregó.