Reglamento otorga facultades que ley no concede a miembros
El artículo 1° del proyecto de reglamento para los enjuiciamientos de oficio, les da a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento facultades que la ley no otorga.
Establece un sistema de asignación de causas a cada miembro, en orden de turno. El miembro debe analizar si los hechos expuestos en la denuncia configuran o no causal de mal desempeño del juez, fiscal o defensor público. La valoración de la gravedad de lo expuesto en el escrito lo decide el miembro.
Sin embargo, la ley N° 3759/09 que organiza el JEM, no le da esa atribución a los miembros. Dice que los mismos deliberarán sobre los casos para dictar sentencias y autos interlocutorios, entre otras cosas.
La norma refiere que el presidente es el que debe hacer efectivo “el trámite que corresponde”, respetando el manejo institucional. Es decir, tiene que dar participación a la Dirección General de Asuntos Penales y de Asuntos Civiles, a los relatores y demás funcionarios, como los que se desempeñan en la Secretaría General del órgano.
La recepción de la denuncia, según la ley, es una atribución del presidente y el pleno se encarga de deliberar y resolver los casos, incluidos en el orden del día por el titular del JEM.
La norma enfatiza que es la Dirección Jurídica la que debe elaborar los dictámenes y no los miembros como pretende el proyecto.
La propuesta para reglamentar la investigaciones de oficio fue elaborada por el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, según reveló en la sesión del martes pasado, el presidente del JEM, el senador liberal Fernando
Silva Facetti, quien aclaró que fue a su pedido.
El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera, en declaraciones a la prensa, señaló que el proyecto es ilegal y que los cambios que se quieran implementar se deben hacer por ley.
Riera está de acuerdo con que se elimine la oficiosidad del órgano juzgador.
El análisis del proyecto originó en la sesión pasada un acalorado debate. Hubo fuertes cruces de palabras, sobre todo entre el senador Bacchetta y el diputado colorado Hernán Rivas, quien se opuso a socializar el documento, al igual que la ministra de la Corte Suprema, Gladys Bareiro de Módica.
“Falta que pidamos la opinión de los despenseros”, manifestó Rivas.
Jorge Bogarín González, quien representa en el JEM al Consejo de la Magistratura en donde llegó por el gremio de abogados, también manifestó su acuerdo con el proyecto. Dijo que con el reglamento todo será más predecible.
Mónica Seifart, que llegó al Consejo por el Ejecutivo, también evidenció su respaldo a la aprobación.