¡Por favor, un poco de responsabilidad!

La repartija sin precedentes de fondos públicos que se ha desatado con la recurrente excusa del covid ha terminado de cebar a muchos políticos de distintas corrientes en el Congreso, que ya no se ponen freno para otorgar subsidios a diestra y siniestra con dinero ajeno, sin importarles la sostenibilidad, las fuentes de financiamiento ni las consecuencias. Ahora quieren sancionar una ley para “comerciantes de frontera con Argentina” que implica un nuevo manotazo de 10 millones de dólares al IPS, como si tuvieran derecho a echar mano a los ahorros jubilatorios de los trabajadores. El proyecto se originó en la Cámara de Diputados y estipulaba una compensación a comerciantes de seis ciudades fronterizas con Argentina con supuestos remanentes de las deudas contraídas por la emergencia sanitaria. Pero como esos remanentes ya no existen, la mayor parte ya se usó y lo que queda ya está presupuestado para este año, en el Senado no tuvieron mejor idea que pretender extraer los recursos del IPS, además de elevar el número de ciudades a diecisiete. Los objetivos son loables, pero no por ello correspondía cargarle el costo al IPS.

La repartija sin precedentes de fondos públicos que se ha desatado con la recurrente excusa del covid ha terminado de cebar a muchos políticos de distintas corrientes en el Congreso, que ya no se ponen freno para otorgar subsidios a diestra y siniestra con dinero ajeno, sin importarles la sostenibilidad, las fuentes de financiamiento ni las consecuencias. Ahora quieren sancionar una ley para “comerciantes de frontera con Argentina” que implica un nuevo manotazo de 10 millones de dólares al Instituto de Previsión Social, como si tuvieran derecho a echar mano a los ahorros jubilatorios de los trabajadores.

El proyecto se originó en la Cámara de Diputados y estipulaba una compensación a comerciantes de seis ciudades fronterizas con Argentina con supuestos remanentes de las deudas contraídas por la emergencia sanitaria. Pero como esos remanentes ya no existen, la mayor parte ya se usó y lo que queda ya está presupuestado para este año, en el Senado no tuvieron mejor idea que pretender extraer los recursos del IPS, además de elevar el número de ciudades a diecisiete.

Más allá de la pertinencia o no de este subsidio en particular, que en todo caso apenas serviría como un paliativo casi insignificante, es absolutamente inadmisible, además de claramente inconstitucional, utilizar fondos del IPS para ello. Para empezar, si bien el IPS es formalmente una “entidad pública de seguridad social”, no es propiamente un ente del Estado, sino exclusivamente de sus aportantes, que solamente pueden hacer uso del mismo para fines muy concretos en el marco de la ley, ya sea para utilizar los servicios de salud, ya sea para cobrar sus jubilaciones al momento del retiro.

Los comerciantes de frontera como tales no son cotizantes, como no lo es ningún sector empresarial o gremial o social, por lo que no son sujetos de los servicios y beneficios del IPS. Y aunque individualmente puedan serlo muchos de ellos, únicamente podrían acceder al fondo de salud, y con mayor razón al fondo de pensiones, bajo las condiciones y modalidades previstas para cumplir los objetivos del sistema. Cualquier otra cosa se contrapone a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 95 de la Constitución Nacional: “Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos”.

Y, pese a ello, es exactamente lo que ha estado ocurriendo, sin que conste, que se sepa, siquiera una protesta en el Consejo, cuyos miembros supuestamente están allí con altos salarios y privilegios para velar por el cumplimiento de la carta orgánica y defender los intereses del instituto y de los asegurados.

La Ley 6502/20, que declara la emergencia sanitaria por la pandemia, obligó al IPS a pagar mensualmente la mitad de un sueldo mínimo a asalariados formales con suspensión temporal de contrato laboral, a quienes incluso se les otorgó un aguinaldo proporcional. Aunque estos trabajadores son asegurados, ese beneficio nunca estuvo previsto entre las prestaciones del IPS, que no contemplan un seguro de desempleo, mucho menos uno no contributivo.

Al principio se dijo que sería un pago extraordinario para conservar puestos de trabajo y atenuar el impacto social en el corto plazo, pero a medida que se fue prolongando la cuarentena, también lo fueron los desembolsos, que continúan hasta hoy, casi un año después. En total cobraron 130.000 trabajadores suspendidos y actualmente hay unos 16.000 que siguen cobrando.

Los objetivos son loables, pero no por ello correspondía cargarle el costo al IPS. Falsamente se alegó y se alega que lo financió el Ministerio de Hacienda mediante una transferencia de 100 millones de dólares, pero eso no es más que un engaño, porque ese monto es a cuenta de la deuda histórica del Estado con el instituto, y por tanto un activo del fondo de pensiones. Lisa y llanamente, se trata de un vulgar despojo que benefició a 130.000 trabajadores, y a los empleadores de estos, en perjuicio directo de 685.000 aportantes.

Ilusoriamente se cree que nada de esto tendrá consecuencias porque el IPS tiene mucho dinero y no le hace daño destinar una pequeña parte a subsidiar a la gente que lo necesita. Ambos postulados son peligrosamente equivocados. Con esos criterios se ha venido cercenando al IPS por décadas, se le hizo soportar el mayor peso de la crisis financiera de los noventa, se lo forzó a aceptar verdaderos clavos en “dación de pago”, se le indujo a sufrir fuertes pérdidas con créditos directos al sector privado, se le limitó la capacidad de disponer de su patrimonio inmobiliario, y ni hablar de los permanentes asaltos que sufre a causa de la corrupción.

Por un lado, basta preguntarse a qué empresa o institución del mundo no le hace daño perder 100 millones de dólares. Por el otro, no es cierto que el IPS tenga mucho dinero. El fondo de salud está virtualmente quebrado y el panorama actuarial del fondo de pensiones presenta serios problemas en el mediano plazo.

Por una cuestión demográfica, en un país donde todavía la mayoría está en edad activa, los ingresos jubilatorios por ahora superan a los egresos, pero esa situación está próxima a revertirse. Se estima que el flujo de caja del fondo de pensiones del IPS entrará en déficit en 2044, y las reservas cubrirán a lo sumo otros 30 años más antes de agotarse.

Significa que los trabajadores jóvenes que empiezan a aportar en esta época ya tendrán dificultades para cobrar sus respectivas jubilaciones a mediados de siglo , y con mayor razón nuestros hijos y nietos pequeños. Desde un punto de vista, es casi una estafa obligarlos a contribuir.

El proyecto de usar fondos del IPS para subsidiar a comerciantes, o a quien fuera, debe ser rechazado de plano.

Los 100 millones de dólares usados para el improvisado seguro de desempleo deben ser imputados al Estado, no al IPS. Y los gobernantes y legisladores, en vez de ocuparse de despilfarrar el dinero de los trabajadores, tendrían que mostrar un poco de responsabilidad con el país y abocarse a llevar adelante las difíciles, pero imprescindibles, reformas que aseguren la cobertura y la sostenibilidad de la seguridad social para las presentes y futuras generaciones.