Tribunal de Apelación ratifica arresto domiciliario para directivas de Imedic
El Tribunal de Apelación confirmó el arresto domiciliario de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, presidenta y directora de Insumos Médicos (Imedic SA), respectivamente, procesadas por el ingreso irregular de medicamentos oncológicos al país.
Los camaristas Óscar Rodríguez Kennedy, Gustavo Auadre y Gustavo Santander ratificaron la resolución dictada el 11 de enero pasado por la jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz.
En la ocasión, la magistrada descartó la prisión preventiva requerida por el Ministerio Público y otorgó el arresto domiciliario a Patricia Ferreira y Nidia Godoy. Para el efecto, el juzgado aceptó la fianza ofrecida por las procesadas, consistente en un inmueble ubicado en Fernando de la Mora, propiedad de la firma Metaway SA, valuada en 1.500.000 dólares.
Esta decisión fue apelada por los fiscales Marcelo Pecci y Sussy Riquelme, quienes recurrieron a la Cámara de
Apelación para enviar a las procesadas a la cárcel.
“Seguramente saldrán voces que dirán que este régimen generará impunidad. A esas voces agoreras hay que recordarles que en nuestro país se ha abusado de la prisión preventiva hasta el cansancio y la impunidad es un mal estructural. La impunidad se combate con un proceso penal preocupado por ser eficaz, con una investigación moderna y dinámica, con un juicio rápido y certero y no con violaciones a las normas constitucionales (...)”, refiere parte de la resolución.
Ferreira y Godoy están procesadas por producción de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos
no autorizados y asociación criminal, todos considerados delitos y con penas máximas de cinco años. Las directivas de Imedic SA están procesadas por montar, presuntamente, un esquema para ingresar al país medicamentos desde India y China, vulnerando todo el sistema aduanero y sanitario. En esta causa también está procesado el despachante de aduanas Carlos Gamarra.
La presidenta de Imedic afronta un proceso paralelo junto a su padre Justo Ferreira y otras personas, por el ingreso irregular de camas hospitalarias al país.