Medidas judiciales provisorias “eternas”, abandono y violencia
“En enero cumplo 18 años. No sé que quiero hacer, sé que quiero terminar el colegio”, dijo Jonathan Ruiz Díaz el 7 de octubre del 2015 en una declaración ante la justicia. No pudo terminar sus estudios ese año y no podrá hacerlo más. Murió el pasado domingo.
En la madrugada del 24 de enero último, Jonathan Ruiz Díaz, de 22 años, falleció tras recibir repetidos golpes en la cabeza, dentro de un taller ubicado en 7ª Proyectada y Nuestra Señora de Asuncion, barrio Obrero. Esa fue su muerte física, porque en realidad mucho antes el sistema judicial ya lo había, prácticamente, enterrado en vida.
El reporte policial refiere que el joven falleció por traumatismo craneoencefálico y que una riña con un hombre de 43 años precedió su violenta muerte. Pero la historia judicial de Jonathan es mucho más extensa.
Empezó específicamente en octubre del 2005, con una denuncia ante la Codeni de Villa Hayes sobre la situación de vulnerabilidad de cinco hermanitos prácticamente abandonados por su madre y que derivó en el “rescate” de Jonathan, entonces con 7 años y sus hermanos de 6, 4, 2 años y una beba de 6 meses.
La denuncia refería que los niños estaban “descuidados, con falta de higiene, precaria habitación, dos de ellos dormían sobre una frazada en el suelo, pasando la mayor parte del día solos sin recibir alimentación por parte de la madre”. El mayor de los niños relató situaciones de violencia vividas en el hogar materno, que motivó la medida de protección.
Tras pasar una semana en casa de una familia acogedora, los hermanos fueron derivados a un hogar abrigo capitalino, donde quedaron “archivados” por varios años al igual que su expediente, a cargo de la entonces jueza de la Niñez María Rosa Fernández.
Jonathan huyó antes de cumplir los 17. Una persona que acompañó el caso de los hermanos lo acogió en su casa por 1 año, luego le pagó alquiler por varios meses más. Hace como seis meses el joven decidió ir a vivir con
amigos hacia Tacumbú. De ahí fue a parar en el barrio Obrero, donde vivió un tiempo en una combi y, a veces, dormía en el taller donde murió.
El joven ahora fallecido cursó hasta primer año de la media, tras lo cual abandonó los estudios. Sin formación, sin trabajo fijo -vivía de changas que hacía a los vecinos del barrio- y desprovisto de cualquier tipo de ayuda estatal, Jonathan salió del hogar al mundo, que lo “remató” con violencia.
El consultor Hugh Salmon, especializado en reforma nacional del sistema de protección y cuidado de niños y niñas, dijo que un año era el máximo tiempo en que un niño debería estar en situación de indefinición. De no ser posible la reinserción familiar, hay que buscar otra alternativa para insertar al niño a una familia.
Fue durante una visita que hizo a nuestro país en el 2019, en el marco de la campaña “#No Más Niños Archivados en Paraguay” del Ministerio de Defensa Pública. La campaña fue impulsada por la titular del MDP, Lorena Segovia, precisamente ante el alarmante promedio de institucionalización en nuestro país, que es de 4 años y 6 meses.