Se dispararon denuncias sobre desfalcos públicos
Contraloría cuantifica en US$ 58 millones los daños patrimoniales en los dos últimos años
Durante 2019 remitió a la Fiscalía 19 reportes de hechos punibles, en el 2020 se elevó a 49
Municipio de Asunción encabeza el ranking y hay una denuncia hasta de lavado de dinero
Estos hechos privan a hospitales, escuelas y sectores vulnerables de necesitados recursos
Miles de vacunas contra enfermedades prevenibles, camas hospitalarias, plantas de oxígeno, espacios educativos que podrían beneficiar a niños o incluso millones de raciones de almuerzo escolar. Ese es el precio del mal manejo de los fondos públicos detectado por la Contraloría General de la República. En 2019 y 2020 se despilfarraron más de G. 408.000 millones. El dinero público fue utilizado hasta para casos de lavado ligado al narco.
Entre finales de 2018 y octubre de 2020, la Contraloría General de la República (CGR) detectó daño patrimonial por más de G. 408.000 millones.
Estos fondos podrían haber representado millonarias mejoras para el servicio de salud pública, de acuerdo a datos que aparecen en la segunda edición de la revista Ñangareko, publicada anualmente por el ente de control.
La CGR presentó a la Fiscalía General del Estado 3 denuncias por perjuicios patrimoniales al erario público para el inicio del proceso penal, de los cuales 2 fueron cuantificados por un total de G. 8.541.473.124 y correspondían al ejercicio fiscal 2018.
Además, remitió un total de 19 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público para su investigación pertinente por parte del Ministerio Público, conforme a sus facultades constitucionales y legales, por un total de G. 33.489.281.635.
Es decir, se detectaron desfalcos por un total de G. 42.030.754.759.
Entre enero y octubre de 2020, elevó un total de 49 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público para su investigación pertinente por parte del Ministerio Público, por un total de G. 366.585.802.073.
En total, se verificaron supuestos daños patrimoniales por un total de G. 408.616.556.832 (unos US$ 58.000.000).
Lo que no se tuvo
Con el importe cuantificado como denuncias penales e indicios de hechos punibles correspondientes al 2019, pudieron haberse adquirido 796.942 dosis de vacunas contra la hepatitis A.
Realizando otro cálculo en forma opcional, pudieron haberse adquirido 1.343 camas eléctricas de uso hospitalario para internados, uno de los insumos que con más urgencia necesitó el Ministerio de Salud Pública al inicio de la cuarentena absoluta por la pandemia del coronavirus.
Con ese dinero, se podrían haber adquirido 3.897.149 raciones de almuerzo escolar. Es decir, se podrían haber comprado raciones de alimento para más de la mitad de la población, si se tiene en cuenta que la población total estimada es de unos 7.000.000 de habitantes.
Además, el dinero se podría haber utilizado para adquirir 289 patrulleras para fortalecer el sistema de seguridad pública.
Los más de G. 366.000 millones de fondos públicos desfalcados en 2020 podrían haber significado la compra de un total de 717 ambulancias. Asimismo, se pudieron instalar 67 plantas generadoras de oxígeno, necesarias actualmente.
También pudieron haberse construido 1.396 espacios educativos para la primera infancia o haber adquirido 32.707 motocicletas para reforzar a la Policía Nacional.
Los más corruptos
Un total de 34 instituciones públicas fueron motivo de los reportes sobre posible daños patrimoniales emitidos por la Contraloría.
Varias de estas instituciones fueron foco de varios reportes.
La Municipalidad de Asunción fue la institución en la que se detectó el mayor posible daño patrimonial. El ente de control detectó anomalías por más de G. 344.000 millones distribuidos en seis reportes.
Uno solo de esos informes fue por más de G. 176.000 millones. Otro de los reportes elevados fue por más de G. 127.000 millones.
La Municipalidad de Salto del Guairá, administrada por Carlos Haiter (independiente), tuvo un reporte por supuesto daño patrimonial de más de G. 30.000 millones.
Uno de los casos más graves fue el del distrito de Jesús, donde se constataron desvíos por más de G. 7.000 millones.
El intendente de ese distrito, Hernán Schlender (ANR-Cartista), salvado de una intervención gracias a un pacto político, habría lavado dinero proveniente del narcotráfico usando las cuentas que debían ser destinadas a recibir dinero de Fonacide.
“Los actos de corrupción, cometidos por funcionarios públicos, que fueron detectados, cuantificados y reportados por la CGR, representan un costo social sustancial, cuyo valor estimado, de ser aplicado en áreas sensibles de la sociedad, redundarían en cambios transcendentales que permitan cubrir las necesidades insatisfechas de la ciudadanía con relación a obras de infraestructura y mejora de los servicios públicos de salud, educación y seguridad”, señala el informe de Contraloría.