En ruinas
Las escuelas y colegios del departamento de Caaguazú se encuentran prácticamente en ruinas. La situación se arrastra hace años sin que nadie busque cambiar este panorama. La pandemia del covid-19 hizo que el agónico sistema educativo recibiera un duro golpe más que lo deja al borde del colapso. Y es que a menos de un mes de iniciarse el año lectivo están con el dilema de que las clases van a ser presenciales o a distancia. Esto, porque la mayoría de las instituciones educativas no reúnen las condiciones mínimas de infraestructura y más bien parecen “casas fantasmas”. Muchos opinan que enviar de nuevo a los niños a las escuelas y colegios en estas condiciones sería como enviarles al matadero, y es verdad, porque si los escolares no son contagiados por el coronavirus, podrían terminar lastimados por un techo caído o una silla destruida. Para ejemplo tenemos a la escuela Nº 800 “Porfirio Chamorro” de calle 1-80 de la Colonia Blas Garay de Coronel Oviedo. La institución cada año recibe a más de 100 alumnos desde el pre-escolar hasta el noveno grado. La escuela registra desde hace más de cuatro años la caída a pedazos del techo de tres pabellones que por fortuna aún no derivó en hechos lamentables. En uno de los pabellones afectado está la sala de profesores, la Dirección y tres aulas para niños del primero al tercer grado. El techo de ese sector quedó con enormes boquetes a consecuencia de las últimas caídas de teja. La escuela figura como prioritaria en la microplanificación elaborada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para intervenciones con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) transferidos a gobernaciones y municipalidades. Sin embargo, hasta la fecha nada se hizo para reparar los daños estructurales. Según la página web del Ministerio de Hacienda, la Gobernación de Caaguazú y la Municipalidad de Coronel Oviedo recibieron G. 5.660 millones y G. 3.066 millones, respectivamente, en concepto de Fonacide en el 2020. Pero ese dinero no se ve reflejado en obras en la capital departamental. Los padres de familias, docentes y la población deben preocuparse por la seguridad y desarrollo de sus hijos. Exigir infraestructura de calidad para seguridad de los estudiantes.