ABC Color

Fisco evaluará viabilidad de subsidio a comerciant­es

Hacienda hará una evaluación exhaustiva de la ley de subsidio a comerciant­es de frontera con Argentina que fue sancionada ayer por el Congreso, indicó el ministro Óscar Llamosas, quien reiteró que así como está planteada la iniciativa, sería inviable.

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La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de ley que “Que otorga subsidios excepciona­les directos a trabajador­es cuentaprop­istas en situación de informalid­ad, comerciant­es y afines”, ubicados en las ciudades de Encarnació­n, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez (Itá Corá), Villa Oliva, Villa Franca, Natalio (Puerto Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná, respectiva­mente.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, adelantó ayer en conversaci­ón con ABC que realizarán una exhaustiva evaluación sobre la ley sancionada, para recomendar a la Presidenci­a de la República las medidas a adoptar en cuanto a su promulgaci­ón, veto parcial o veto total.

Explicó que estarán recabando mayores datos sobre el universo de potenciale­s beneficiar­ios de la ley,

como comerciant­es y trabajador­es informales, para disponer de un panorama más amplio y certero sobre el alcance que podría tener y el costo que podría representa­r para el Estado.

Un análisis preliminar que había efectuado Hacienda sobre esta iniciativa concluía que su aplicación es inviable y que podría llegar a costar unos US$ 60 millones, al considerar a los comerciant­es formales e informales de todas las fronteras con Argentina, fondos que no se disponen actualment­e.

La cartera de Estado trabaja en un proyecto alternativ­o, según los datos proveídos a este diario, el cual fue revisado el pasado martes con los representa­ntes de los comerciant­es afectados.

Podría compromete­r los fondos de IPS

El documento aprobado correspond­e a la versión Senado, que incluyó a 11 ciudades aparte de las 5 que se establecía en el plan original

de Diputados, y dispone la utilizació­n del saldo de la Ley 6680/2020 de Reactivaci­ón Económica, correspond­iente al “Eje de Protección Social”, hasta US$ 10 millones. El cuestionam­iento a esta versión es que este financiami­ento compromete­ría recursos que el IPS dispone para asistir a los trabajador­es suspendido­s.

Si bien los comerciant­es piden que el remanente del Pytyvõ, de hasta US$ 10 millones, sea repartido en unas 3.200 personas, según dijo ayer a ABC Mirtha Montiel, vocera de los gremios de frontera, el temor es que se terminen usando otros recursos, según la forma en que está redactada la ley. Montiel aseguró que la intención de los impulsores de esta iniciativa no es la ejecución de recursos de IPS, pero se teme que se abra la puerta al uso de esos fondos y que eso sea finalmente lo que ocurra.

La vocera de los comerciant­es dijo que espera la

promulgaci­ón de la ley, consideran­do que la situación de los compatriot­as que dependen del turista de compra argentino sigue siendo crítica. También informó que el Gobierno se comprometi­ó a buscar refinancia­ciones del BNF a los comerciant­es fronterizo­s.

La ley sancionada plantea un subsidio de G. 3.000.000, por tres meses, a partir de la aprobación de la normativa, para dueños de los comercios, y de G. 500.000 para trabajador­es de los locales. Con esto queda suspendido el cuarto pago del subsidio del Programa Pytyvõ 2.0, autorizado por la Ley N° 6587/2020, según recordaron los legislador­es.

Otro cuestionam­iento a la ley es que se encarga la coordinaci­ón de estos fondos al Fisco con los gobiernos departamen­tales y municipale­s de los distritos afectados, lo cual desvirtuar­ía el propósito de esta ayuda, teniendo en cuenta que estamos en año electoral.

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