Mipymes piden plazo para pagar créditos
La viceministra dijo ayer que desde la cartera fiscal no acompañan esta ley que otorga subsidio excepcional a comerciantes de frontera con Argentina, sancionada por la Cámara de Diputados el miércoles último. La razón es que así como está redactada la ley, generaría inconveniente a la hora de definir quiénes van a ser los beneficiarios de esta ayuda y esto podría también disparar el monto necesario para financiar los subsidios.
Si bien la ley establece un límite de US$ 10 millones, Hacienda sostiene que sería mucho más, alrededor de US$ 60 millones, ya que la ley habla de comerciantes de frontera de manera general.
“Los recursos no van a ser suficientes. US$ 10 millones no van a alcanzar. La ley habla de comerciantes en general, de personas físicas y jurídicas, de otorgar G. 3.000.000 a los comercios y G. 500.000 a trabajadores informales”, advirtió Marín.
La viceministra indicó que la cartera no desconoce la situación de los comerciantes de frontera con Argentina, por lo que reiteró que están avanzando en un proyecto alternativo para asistir a los más afectados. Indicó que están en coordinación con los gremios de comerciantes afectados a fin de identificar a los más impactados por la crisis, a fin de poder establecer un plan de asistencia que sí sea viable.
No obstante, desde el Ministerio de Hacienda señalan que harán una evaluación exhaustiva de la ley sancionada para recomendar a la Presidencia de la República las medidas a adoptar en cuanto a su promulgación, veto parcial o veto total.
Además, otro de los puntos cuestionados es sobre la financiación del plan. La ley autoriza a utilizar los saldos del eje de Protección Social de la Ley 6.680/2020 de Reactivación Económica, que incluye fondos del Instituto de Previsión Social (IPS). Atendiendo que el saldo de Pytyvõ llega a US$ 10 millones y que se necesitan US$ 60 millones, los recursos del IPS podrían ser utilizados para financiar este subsidio.
Al respecto, autoridades de la previsional ya advirtieron que esta ley planteada de esta forma sería inconstitucional. Los fondos del IPS solo pueden ser utilizados con el fin de atender a los asegurados que aportan mes a mes. Por su parte, el titular del IPS, Andrés Gubetich, adelantó que recomendará al Ejecutivo que vete la ley.
La previsional cuenta con un saldo de alrededor de US$ 30 millones de los US$ 100 millones que había recibido el año pasado en el marco del plan de emergencia para los trabajadores asegurados suspendidos a causa de la crisis
provocada por la pandemia y para cubrir reposos covid.
Gubetich reiteró que el IPS planea en principio pagar hasta marzo para luego hacer una evaluación, ya que la ley de emergencia va hasta el 30 de junio próximo.
Además, reiteró que entre esta semana y la próxima deben cobrar unos 18.000 trabajadores que tienen contratos suspendidos y día a día siguen llegando los pedidos para suspensión.
Otro cuestionamiento a la ley es que se encarga la coordinación de estos fondos al fisco, junto a los gobiernos departamentales y municipales de los distritos afectados, lo cual desvirtuaría el propósito de esta ayuda, teniendo en cuenta que estamos en año electoral.
La Cámara de Diputados sancionó el miércoles último el proyecto de ley “Que otorga subsidios excepcionales directos a trabajadores cuentapropistas en situación de informalidad, comerciantes y afines, ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez (Itá Corá), Villa Oliva, Villa Franca, Natalio (Puerto Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná, respectivamente”.
Considerando que el tiempo de gracia otorgado por bancos, financieras y otros agentes de créditos en diversos programas de asistencia por la pandemia, ya está feneciendo, los microemprendedores solicitan a las intermediarias extender el periodo de gracia hasta el primer semestre del año, explicó ayer la presidenta de la Asociación de mipymes industriales (Asomipymes), Guillermina Imlach.
La empresaria detalló que muchas empresas aún no están en condiciones de pagar las cuotas del crédito, cuyos vencimientos empezarán a procesar en los próximos meses. Esto se debe a que la actividad comercial recién ahora está empezando a moverse un poco, y son muchos los gastos que tuvieron que afrontar para mantener activos sus negocios y no cerrar. “Lo que pedimos es que nos consideren pagar los intereses de las cuotas, y empezar a pagar desde julio de este año”, precisó la empresaria.
Imlach señaló que algunas de las mipymes ya fueron advertidas por lo bancos sobre el vencimiento de las cuotas, lo que ha encendido la preocupación en el seno del gremio y de ahí la petición de extender el periodo de gracia.
Cabe señalar que muchas de estas mipymes accedieron a los financiamientos de Fisalco y Fogapy gestionados por la AFD, productos que ofrecía a los afectados por la cuarentena una financiación blanda, a bajas tasas de interés y con periodos de gracia, entre 6 y 12 meses.
Desde el gremio esperan una acogida favorable al pedido, en virtud de la extensión de la emergencia sanitaria hasta junio de este año. En el mismo orden, el BCP también extendió las medidas de flexibilidad para los bancos hasta junio del presente año.
Finalmente la titular de la Asomipymes hizo mención a la necesidad urgente de fortalecer el Fogapy, ya que las mipymes no tienen fondos para hacer frente a la crisis que aún persiste.